El real decreto prospera por 33 votos a favor -de PSOE, Unidos Podemos, PNV, ERC, EH-Bildu y PDeCAT- y los 31 en contra de PP y Ciudadanos, además de la abstención de UPN.

Su convalidación ha sido una incógnita hasta el último minuto ante la decisión de PNV de mantener en secreto un voto que podría haber hecho fracasar la normativa de nuevo tras el revés que recibió su primera versión en diciembre por el rechazo de Unido Podemos, moviendo a que el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, pidiese su respaldo alegando su necesidad para paliar un grave problema social.

Durante el debate del texto, Ábalos subrayó que el decreto busca ofrecer mayor seguridad y certidumbre al inquilino, incentivar la oferta de vivienda de alquiler dando seguridad a los arrendadores y poniendo coto a los fondos especulativos; además de dar apoyo a los grupos más vulnerables y reducir el gasto financiero que soportan las familias.

Ábalos justificó la urgencia del decreto por el grave problema existente en España citando estudios que revelan que más del 42% de las familias que viven en régimen de alquiler deben destinar "más del 40% de su ingresos" a su pago.

Otro estudio, en este caso de Eurostat, sitúa el precio en España "17 puntos porcentuales por encima del valor medio" de la Unión Europea, argumentó el ministro, quien afirmó que esta norma atacará el problema en el corto plazo, pero deberá ser completada a largo plazo con más medidas como la ley de vivienda.

Otros datos que expuso sobre la necesidad de actuar es que el parque de viviendas social es inferior al 2,5% de los hogares, frente al 15% que alcanza en algunos países de nuestro entorno como Francia, Reino Unidos, Suecia, Austria o Dinamarca; que el 53% de los jóvenes mayores de 25 años aún viven con sus padres ante las dificultades para emanciparse y dicha cuota ha aumentado más del 4% en los últimos cinco años; o que los desahucios estén creciendo a un ritmo anual "muy próximo al 5%".

Para encarar esta situación, indicó que el decreto ataca el problema desde tres ópticas: ofrecer mayor seguridad y certidumbre al inquilino, incentivar la oferta y apoyar el acceso a las rentas a los colectivos más vulnerables.

Entre las medidas para "aumentar la estabilidad del arrendatario" refirió la ampliación de la prórroga obligatoria de tres a cinco años en los contratos en caso de que el arrendador sea una persona física y a siete años en caso de que sea una persona jurídica, o extender de uno a dos meses el plazo de preaviso cuando el propietario necesite recuperar su vivienda y que esa opción se encuentre expresamente recogida en el contrato.

Para incentivar la oferta refirió que se aumenta la transparencia en la información o se da un mandato al Gobierno para diseñar en un plazo máximo de ocho meses un sistema estatal de índices de referencia del alquiler de vivienda que servirá también de soporte para medidas de carácter fiscal.

En el mismo sentido, indicó que se facilitan también bonificaciones en el impuesto del IBI para incentivar a los dueños de inmuebles que los pongan en alquiler y capacita a las comunidades de vecinos para limitar o vetar la actividad del alquiler vacacional en sus edificios si lo apoyan tres quintas partes de los propietarios de la finca.

En cuanto a las familias más vulnerables, refirió que se amplía la protección en caso de desahucio al obligar a que se comuniquen estos procesos a los servicios sociales de los ayuntamientos para evitar que se queden sin techo y se rebaja la carga económica que "en ocasiones supone una barrea al acceso" limitando a dos las mensuales exigibles como garantía de la renta.

En el mismo sentido, destacó que se limita cualquier revalorización de los precios a la evolución del IPC durante la duración del contrato, y que "facilita" las obras para promover la accesibilidad en los inmuebles, al exigir que su ejecución sea obligatoria si el 75% del coste lo sufragan ayudas públicas.

También se amplía la prórroga tácita de uno a tres años y se amplía el plazo de preaviso de no continuar con el contrato una vez concluya, estableciéndolo en cuatro meses para el arrendador y dos para el arrendatario.

EL PP VE UN USO ELECTORAL

Desde la oposición, la mayoría de los grupos manifestaron su voto favorable, salvo el PP y Ciudadanos, aunque criticaron que no resuelve el problema ante el fuerte déficit de viviendas sociales existentes en el país y afearon su tramitación por decreto, impidiendo introducir enmiendas.

El diputado del PP, Eloy Suárez, acusó al Gobierno de buscar una rentabilidad en las elecciones con su apresurada tramitación. "La urgencia de este decreto se llama conseguir votos (..) Es un engaño electoral más del Partido Socialista", afirmó convencido de que debería haberse tramitado como proyecto de ley para permitir a los grupos introducir enmiendas. Además, reprochó al Ejecutivo abusar de esta fórmula normativa, hasta el punto de haber aprobado "más leyes" que el Parlamento.

Entrando en el fondo de la norma el diputado del PP criticó que sea "muy similar" a la que ya tumbó el Congreso a finales de 2018 y que tachó de "inconstitucional", y alertó sobre su semejanza a una ley aprobada por Alemania que "en tres meses duplicó el incremento de los precios de los alquileres" obligando al Ejecutivo de Ángela Merkel a rectificar.

En este sentido, dijo que encarecerá la oferta y "va a expulsar" del alquiler a los más vulnerables en alusión a los jóvenes menores de 30 años, mayores de 50 con bajos ingresos, personas con contratos temporales y mileuristas.

La diputada del PSOE, María del Mar Rominguera, pidió apoyar el decreto para "poner fin a la problemática" generada por la reforma normativa del PP de 2013 que perjudicó el acceso al alquiler y para dar respuesta a las necesidades precisamente de los jóvenes o familias en riesgo de exclusión social. "Va de justicia social, por eso le pedimos el voto favorable", comentó alentando a los grupos parlamentarios a decantarte por "avanzar" en favor del derecho a la vivienda o "volver a las cavernas neandertales".

El diputado de Unidos Podemos, Rafael Mayoral, manifestó que el nuevo texto cuenta con el apoyo de su formación porque incorpora mecanismos para intervenir en los precios. Sin embargo, dijo que la norma mantiene "muchísimas deficiencias" por "falta de valentía política" para hacer frente a los fondos especulativos y evitar la "injusticia social" de las Socimis, cuya baja tributación asimiló a la de los paraísos fiscales. "Sigue sin poner el cascabel al gato", criticó, asegurando que hasta Naciones Unidas ha "señalado con el dedo" la "actividad antisocial" de fondos como Blackstone.

El diputado de Ciudadanos, Juan Carlos Girauta, coincidió con el ministro en la necesidad de buscar soluciones a la escalada del precio del alquiler, pero alertó sobre un potencial abuso con el IBI. A su juicio, permitir cambiar dicha tasa es "gravísimo" porque puede suponer una fuerte subida por parte de los ayuntamientos que, por ejemplo, estén en zonas costeras y quieran gravar pisos vacíos que las familias tienen como segunda residencia o residencia vacacional. Según sus cálculos, dicho riesgo compromete a seis millones de personas y supone riesgo cero para los ayuntamientos si suben la tasa a ciudadanos que no votan en sus municipios.

Girauta alertó además sobre la limitación de precios indicando que algunos economistas han considerado tal medida como "la mejor manera de destruir una ciudad además de bombardearla". "El Gobierno va lograr lo contrario que se propone", avisó, criticando que se tomen tales medidas sin hacer previamente un estudio de la situación del mercado y sin detectar los problemas para ponerles remedio.

Desde el Grupo Mixto y el PNV pusieron el acento, sobre todo, en que no resuelve el alto déficit de viviendas sociales en alquiler y por no movilizar la vivienda vacía. El diputado del PNV, Mikel Legarda, dijo que tal carencia "tensiona enormemente el mercado" y atribuyó la baja oferta privada también a lo "penoso, largo y costoso" que puede resultar desahuciar a un inquilino moroso por lo que pidió modificar la ley de Enjuiciamiento Civil para que dichos procesos sean "sumarios, preferentes y mucho más baratos", y no desincentiven.

En el mismo sentido, el diputado de ERC, Joan Tardà, dijo que se ha "perdido una oportunidad" de ampliar el parque público de inmuebles con las viviendas de los bancos rescatados.