Tanto la medida de que las obras y actuaciones de accesibilidad en los edificios sometidos al régimen de propiedad horizontal sean obligatorias, con independencia de la cuantía de las mismas, si existe ayuda pública de al menos el 75 % del coste, como la elevación del fondo de reserva de la comunidad de propietarios y la posibilidad de destinarlo a sufragar inversiones de accesibilidad, eran algunas de las demandas de mejora que el Cermi había trasladado a la Secretaría General de Vivienda del Ministerio de Fomento, y que fueron recogidas en el Real Decreto-ley ratificado este miércoles por la Cámara baja.

Por el contrario, el Cermi explica que no han sido tomadas en cuenta otras demandas como la rebaja de las mayorías requeridas para adoptar acuerdos sobre cuestiones de accesibilidad en el seno de las juntas de propietarios o el mandato al Gobierno para que refundiera en un texto único la vigente Ley de Propiedad Horizontal y la Ley sobre límites del dominio sobre inmuebles para eliminar barreras arquitectónicas, del año 1995, para regularizar, aclarar y armonizar ambas disposiciones normativas.

El Cermi defiende que, a pesar de estos progresos operados en la Ley, que pueden tener recorrido para que las obras y actuaciones de accesibilidad sean más fáciles de llevar a término que en estos momentos, la solución completa pasa por la eliminación del límite de ingresos de la comunidad por cuotas comunes (12 meses en la actualidad) para que la obra sea obligatoria o no.

En su opinión, “las actuaciones de accesibilidad han de llevarse a cabo, con independencia de su coste y de los ingresos, cuando las pida un vecino con discapacidad o mayor de 70 años, por tratarse siempre de un deber legal indeclinable de la comunidad”. Por ello, la entidad advierte de que “al no solventarse plenamente en esta reforma legal las cuestiones de accesibilidad, mantendrá viva esta demanda para la próxima Legislatura que surja de las elecciones generales del 28 de abril”.

“Esta modificación legal es bien recibida por el Cermi, por cuanto favorece la accesibilidad al bien básico de la vivienda a las personas con discapacidad y personas mayores, mandato de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, pero resulta insuficiente para considerar cancelados los problemas de regulación normativa que sigue provocando la vigente Ley de Propiedad Horizontal”, concluye el Cermi.