En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, defendió este plan “ambicioso”, con 63 medidas, algunas de ellas ya puestas en marcha.

Según informó el Ministerio en una nota, el plan se justifica por la elevada tasa de paro de larga duración, del 6,8% según la Encuesta de Población Activa (EPA) del cuarto trimestre de 2018, que casi triplica la tasa de la Unión Europea (UE), situada en el 2,8%.

Uno de los objetivos del ‘Plan Reincorpora-t’ es reducir la tasa de paro de larga duración en 2,5 puntos porcentuales, hasta el 4,3% al término de 2021, lo que supondría una reducción neta de 541.000 personas, 422.100 son desempleadas de larga duración mayores de 30 años.

Otro de los objetivos es disminuir a la mitad la actual brecha de género entre hombres y mujeres desempleados de larga duración, reduciéndola desde 11,6% actual hasta el 5,3%. Esto supondría una bajada del paro de larga duración en 259.700 mujeres y 162.800 hombres.

Asimismo, se propone rebajar el número de desempleados con más de 24 meses en paro en 361.819 personas desempleadas.

El plan ha contado con las aportaciones de otros ministerios, de las comunidades autónomas, sindicatos y patronal y entidades sociales como el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi).

Cuenta con un presupuesto total para el trienio de 4.000 millones de euros, de los que 1.313 millones proceden de políticas activas de empleo y es dinero ya presupuestado que se reorientará a los objetivos de este plan, y los 2.687 millones restantes proceden del presupuesto de medidas ya aprobadas como la recuperación del subsidio para parados mayores de 52 años o la recuperación de la cotización de los cuidadores no profesionales.

El plan distribuye las medidas en seis ejes: orientación, formación, oportunidades de empleo, igualdad, emprendimiento y mejora del marco institucional.

Entre otras medidas, prevé acordar la inclusión de cláusulas de carácter social en los contratos del sector público, acciones preventivas para que el desempleo no se convierta en desempleo de larga duración, un registro de empresas responsables y que la red de 3.000 orientadores prevista en el plan de choque juvenil atienda a los parados de larga duración.

Se articulará un sistema que genere un valor añadido mediante el incremento del crédito formativo para las empresas que contraten y mantengan de forma estable (más de un año continuado de trabajo) a un porcentaje de desempleados de larga duración superior al 10%.

También se atenderá el desempleo en el medio rural de manera específica potenciando el fomento del emprendimiento, se incentivarán proyectos relacionados con el medio ambiente y contra el cambio climático y se estudiarán medidas de incentivo a la incorporación de trabajadores jóvenes y mujeres en el sector agropecuario y artesanal.

Preguntada sobre la opinión de los sindicatos CCOO y UGT, que mostraron sus dudas respecto a este plan, la ministra respondió que “lo peor son los lunes al sol” y defendió que habrá un seguimiento sobre la efectividad de las medidas, con la posibilidad de rediseñarlo si fuera necesario.