Además, la magistrada fija una fianza solidaria de 5,8 millones de euros por responsabilidad civil. Esa sería la cantidad “supuestamente gastada o comprometida con la celebración del referéndum” ilegal. A ninguno de ellos se les acusa de sedición o rebelión, delito este último por el que están siendo juzgados 12 líderes independentistas en el Tribunal Supremo.

La jueza Gil levanta la imputación a otros 15 investigados, entre ellos Carles Vives Pi i Sunyer, exmagistrado del Tribunal Constitucional y expresidente del Consejo Asesor para la Transición Nacional (CATN), y el exjuez Santiago Vidal Marsal, responsable de la redacción de la Constitución para una república catalana.

Indica también que no es competente para pronunciarse sobre el posible procesamiento del diputado Lluís Salvadó, ya que se trata de un aforado y su eventual procesamiento no es de su competencia, sino del TSJC.

Entre los procesados hay varios exaltos cargos del Govern, como el secretario de Difusión de la Generalitat Antoni Molons, del que se sospecha que encargó la cartelería y la impresión de papeletas; el secretario general de Presidencia, Joaquim Nin; el director general de Patrimonio, Jaume Clotet; el secretario general de Trabajo, Josep Ginesta; el director general de Patrimonio, Francesc Sutrias, o el secretario general de Exteriores, Aleix Villatoro.

Además de estos altos cargos de la Generalitat, la magistrada también acuerda el procesamiento de Saúl Gordillo, director de Catalunya Radio, y de Vicent Sanchis, director de TV3.

El auto advierte que en caso de que los procesados no consignen la fianza impuesta, se iniciará un proceso de averiguación y embargo de sus bienes en cuantía suficiente para obtener la garantía necesaria de disponer de la citada cantidad para hacer frente a eventuales responsabilidades económicas.