Así se recoge en las observaciones publicadas por los expertos a raíz de la nueva evaluación del grado de cumplimiento de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad a la que España se sometió el pasado mes de marzo.

Según sus conclusiones, esta falta de acceso a la asistencia personal se debe a la ausencia de criterios claros a la hora de determinar quiénes pueden beneficiarse de estos servicios, así como a la falta de un enfoque personalizado con una perspectiva de derechos humanos.

En esta línea, el Comité recuerda su pasada recomendación a los Estados de impulsar una legislación que reconozca el derecho a la asistencia personal y garantice su acceso a todas las personas con discapacidad, como medio para disfrutar de una vida independiente.

Reclama que dicha ley prevea "un amplio abanico de prestaciones" y la posibilidad de que el usuario gestione estos servicios en la medida de lo posible.

Por otro lado, lamenta que en España aún existan menores con discapacidad que viven en instituciones, apartados de sus familias, pese a las recomendaciones del pasado informe.

Critica que se sigan invirtiendo fondos públicos en la construcción de nuevos centros y pide a España la aprobación de una estrategia de desinstitucionalización de estas personas y un plan de acción para impulsar la vida independiente.

Por ello, reclama más inversión en mecanismos de vida independiente en la comunidad y en todos los servicios generales para que estos sean inclusivos, a fin de garantizar su accesibilidad y disponibilidad para todas las personas con discapacidad y así permitir su inclusión y participación en todos los ámbitos de la vida.