Por ello, pidió a las administraciones públicas que dicho informe suponga "un nuevo impulso a las políticas públicas en el ámbito de la discapacidad". Según el director de Plena Inclusión España, Enrique Galván, “entendemos sus observaciones como un respaldo al trabajo que desde Plena Inclusión se está haciendo para defender los derechos de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, ampliamente mencionadas en el informe como uno de los colectivos que más vulneraciones sufre”.

También se congratuló de que las principales conclusiones del informe del comité de la ONU están incluidas en su plan de acción y destacó el reconocimiento legal de que la denegación de ajustes razonables es una discriminación, la garantía de que los espacios públicos cuenten con señalización e información en lectura fácil y la reforma del Código Civil para acabar con la sustitución en la toma de decisiones y recurir en su lugar a mecanismos de apoyo para las personas con discapacidad intelectual.

Además, la ONU reclama programas de formación periódica a abogados, funcionarios de justicia, jueces, fiscales y agentes del orden público; prohibir la institucionalización forzosa y la eliminación del uso de medidas de contención por razón de discapacidad; reforzar los mecanismos y protocolos contra la violencia y el abuso de las personas con discapacidad, en especial mujeres y niñas, y derogar las leyes que permiten la esterilización y realización de abortos sin el consentimiento informado de la persona.

Por otro lado, Plena Inclusión subrayó las recomendaciones para asegurar por ley el derecho a la asistencia personal, suprimir el uso de fondos públicos para la construcción de instituciones residenciales e invertir en mecanismos de vida independiente en la comunidad.

Finalmente, aplaudió que la ONU pida una reforma legislativa que reconozca la educación inclusiva como un derecho y apueste por una política integral que contenga estrategias para favorecer la inclusión en la escuela ordinaria, y que defienda garantías de apoyo para el empleo del colectivo (así como las cuotas de reserva) y para facilitar su acceso al sistema sanitario.