La DGT ha adjudicado este servicio a Synlab Diagnosticos Globales y así se recoge en un anuncio publicado este martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE). El contrato se refiere al servicio de determinación y cuantificación de drogas y alcohol en muestras de fluido oral y de sangre entre 2019 y 2021.

Tráfico pagará 6.049.975,80 euros repartidos en 24 meses y ha elegido a esa empresa por haber formulado la oferta más ventajosa de las tres recibidas por la DGT, puesto que ha propuesto un precio unitario de 23,80 euros por cada muestra.

El organismo dirigido por Pere Navarro ha concluido el procedimiento de forma urgente al alegar que ese servicio “no puede dejar de prestarse” debido a la obligación de realizar controles de drogas en casos como en accidentes de tráfico a infractores o en controles preventivos, y porque un estudio de 2015 concluye que un 12% de los conductores se ponía al volante tras haber consumido alcohol o drogas.

PROCEDIMIENTO

El pliego de condiciones técnicas del contrato, al que tuvo acceso Servimedia, señala que todos los conductores están obligados a someterse a las pruebas de detección de alcohol o de presencia de drogas en el organismo si se hayan implicados en un accidente de tráfico o han cometido alguna infracción.

El servicio contratado por la DGT consiste en el análisis de la segunda de las muestras de fluido oral a conductores tomadas por los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil o las unidades policiales determinadas por Tráfico, así como la prueba de contraste en sangre derivadas de las pruebas de alcohol o drogas si así lo requiere alguno de los interesados, con el fin de verificar y cuantificar la presencia de sustancias no permitidas en la conducción.

En los controles de drogas, miembros de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil u otras unidades policiales designadas por la DGT toman una primera muestra de saliva con carácter indiciario.

Si ese test resulta positivo o el conductor muestra signos externos de haber consumido drogas, se toma una segunda muestra de fluido oral, que constituye la prueba evidencial del correspondiente expediente sancionador por vía penal o administrativa y cuyo análisis debe hacer un laboratorio mediante “precisos sistemas cromatográficos” que confirmarían definitivamente la presencia de sustancias ilegales en el conductor.

Los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil o los policías designados por la DGT envían la segunda muestra a un laboratorio, que se encarga de confirmar o rechazar el positivo del conductor sospechoso.

Si el conductor decide ejercitar su derecho a realizar una prueba de contraste, ésta puede realizarse en una muestra de sangre extraída de forma inmediata en un centro sanitario próximo al lugar del control policial o de la Guardia Civil, que se envía al laboratorio correspondiente.

DROGAS ILEGALES

Las drogas prohibidas bajo la conducción son cannabis, anfetaminas, cocaína, metadona, metanfetaminas y opiáceos, entre otras.

El adjudicatario del contrato debe asumir el coste del transporte de las muestras desde el lugar donde se tomó el test hasta el laboratorio, que deberá estar situado en unas 200 ubicaciones.

Tráfico exige que el transporte se haga garantizando la cadena de frío y la custodia de las muestras hasta la recepción en el laboratorio.

Después, la empresa adjudicataria debe remitir los resultados a en una web específica o bien a la jefatura provincial competente, la Subdirección Adjunta de Investigación de la DGT o la unidad correspondiente de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil para los casos penales y la autoridad sancionadora no sea la propia DGT.