Jacint Jordana, catedrático en Ciencia Política en la Universidad Pompeu Fabra y miembro del patronato de Diplocat, negó este jueves que esta institución tuviera el objetivo de internacionalizar el `procés´ o que actuara al dictado de la Generalitat.

"El Diplocat se dedicaba a explicar en distintos ámbitos y a distintos niveles la vida y la actividad catalana y dar a conocer la realidad de Catalunya en todas sus facetas, como temas educativos, económicos, sociales, etc.", indicó antes de especificar que esta institución no formaba parte de la estructura del Govern.

Jordana ha sido llamado como testigo de la defensa de Oriol Junqueras y de Raül Romeva, que era en ese momento conseller de Exteriores. En su declaración explicó que Diplocat no forma parte del gobierno catalán y que su función es hacer "diplomacia pública, que está fuera de la actividad de los órganos gubernamentales".

Según dijo, dentro del patronato de Diplocat había diversidad ideológica y todas las decisiones se tomaban por consenso. A preguntas de la Fiscalía, el testigo explicó que el presupuesto de Diplocat dependía de la Generalitat.

A continuación declaró Antoni Millet, también miembro del patronato de Diplocat en representación de las Cajas de Ahorro. El abogado Andreu Van den Eynde quiso poner de relieve con su declaración la pluralidad de entidades, organismos, instituciones y personas de distintas ideologías que formaban parte de Diplocat.

Tras aclarar que el presupuesto del Diplocat venía de la Generalitat, insistió en que dentro de Diplocat "había pluralidad ideológica”, dado que estaba integrada por “39 entidades, públicas y privadas”.

Al igual que su antecesor, hizo varios apuntes sobre la historia del consorcio de la diplomacia pública catalana relatando que fue en 2010 cuando “se empieza a hablar de diplomacia pública, que no es diplomacia gubernativa. La diplomacia pública se entiende más como paradiplomacia o relaciones públicas internacionales", señaló.

Millet relató que la última reunión del pleno del Diplocat se celebró en noviembre de 2016 y admitió que “en alguno de los plenos se habló de la creación de la web Catalonia Votes”. Preguntado por el fiscal Fidel Cadena, el testigo reiteró que "los gastos del Diplocat se pagaban en más del 90 por ciento a través del Govern”, pero puntualizó que “no había partidas para el 1-O".

La acusación popular ejercida por Vox preguntó después al testigo si Diplocat llegó a asesorar al Govern de la Generalitat en materia de voto electrónico para residentes en el exterior, a lo que Millet respondió: "La verdad es que no lo recuerdo".

El siguiente testigo en declarar fue Daniel García Tenorio, que representaba al sindicato UGT en el patronato de Diplocat. Su participación en este consorcio se debe a que "UGT es una entidad internacionalista desde su fundación, y teníamos interés en estar en el Diplocat para estar en contacto con otras instituciones también con vocación internacional".

Explicó, además, que Diplocat "era una entidad neutral” en la que “también se trataban cuestiones tales cómo cual íba a ser el camino para a salir de la crisis en la que estábamos inmersos, cómo habían afectado las reformas laborales y otros asuntos".

A continuación, Gerardo Pisarello, primer teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Barcelona y miembro del patronato de Diplocat, confirmó la tarea de diplomacia pública del consorcio y explicó que "el Ayuntamiento de Barcelona participó en actividades que nosotros considerábamos estratégicas para la ciudad".

Según indicó, "la aportación del Ayuntamiento de Barcelona al Diplocat era regular y se ha mantenido en las distintas administraciones. Las últimas son de 2016 para la celebración de un foro sobre refugiados, creo que de unos 50.000 euros".

Admitió que el derecho a la autodeterminación era uno de los temas tratados por Diplocat, puesto que era un asunto que estaba sobre la mesa desde hací muchos años y aseguró que nunca tuvieron la sensación de que las actividades de Diplocat “se desviaran de las funciones que tenía atribuidas".

En cualquier caso, Pisarello insistió en que el consorcio de diplomacia pública “reflejaba la pluralidad de visiones políticas y sociales de Cataluña” y adoptaba sus decisiones por unanimidad.