El recurso contencioso administrativo ha sido admitido a trámite por la Sección Tercera del Supremo, según un anuncio publicado este lunes en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

El Gobierno creó el Fondo Nacional de Eficiencia Energética en 2014 para dar cumplimiento al mandato de ahorro energético de la Comisión Europea a cada Estado miembro. El fondo se nutre con contribuciones que tienen que hacer las empresas distribuidoras y minoristas en función de sus volúmenes de ventas.

La mayoría de estas empresas vienen recurriendo esta obligación al Supremo desde la creación del fondo, tanto de forma individual como a través de sus asociaciones representativas.

La orden del pasado 20 de marzo del Ministerio de Transición Ecológica fija un objetivo de ahorro agregado de 262 ktep o 3.046,51 GWh y la proporción que corresponde a cada empresa según su volumen de ingresos.