Así lo indicaron durante un encuentro informativo el presidente del Colegio de Gestores Administrativos de Madrid y del Consejo de Colegios Administrativos de España, Fernando Santiago, y el vocal primero del Colegio de Gestores Administrativos de Madrid, José Antonio Martín Herrera, quienes destacaron que en la mayoría de ocasiones la tramitación de las leyes no llega a introducir las recomendaciones que la sociedad civil aporta durante el proceso de consulta pública, siendo, en su opinión, quienes más conocen las posibilidades de aplicación práctica de las normas.

“El problema de estas medidas es que se deciden en despachos y se tramitan en despachos”, aseguró Santiago, quien añadió que “echamos en cara a todos los gobiernos que las normas no se testean en la calle, no se consulta con los profesionales que están en el día a día”.

CAMBIOS FISCALES

Por otra parte, Martín Herrera, experto en fiscalidad, hizo un repaso a las medidas tributarias anunciadas por el Gobierno de Pedro Sánchez en el Programa de Estabilidad Económica remitido la semana pasada a la Comisión Europea. Para Martín, las distintas medidas conllevarán “una modificación importante de los impuestos”, por lo que reclamó al Ejecutivo “que las reglas de juego sean buenas para invertir” y que “el marco esté claro” para tener seguridad jurídica.

“Queremos un entorno fiscal y laboral estable, que no haya trabas para la creación de riqueza, crecimiento”, continuó Martín, quien añadió que “estamos a la expectativa de cómo van a ser estos cambios”.

Así, el vocal de los gestores administrativos madrileños advirtió sobre el retroceso que podría suponer la eliminación de reducciones y exenciones a raíz de la revisión que el Gobierno ha encargado a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal sobre distintos elementos como el IRPF, el Impuesto de Sociedades, el alquiler de vivienda, las donaciones o los plantes de pensiones.

Para los gestores administrativos, esta revisión, con la que el Gobierno quiere ahorrar unos 5.000 millones de euros, “podrían ser negativas”, al considerar que podrían generar mayores ingresos a corto plazo pero que desincetivasen la actividad en algunos sectores en el medio y largo plazo. Asimismo, consideran que la revisión de los incentivos a la contratación podrían tener “efectos muy negativos”.