Así lo ha puesto de manifesto la entidad en un documento aprobado durante la reunión de su Comité Ejecutivo, en el que el Cermi y las entidades que lo integran rechazan el uso, la distribución y comercialización de prácticas, terapias, métodos, tratamientos, productos y/o servicios para procesos de prevención y/o diagnósticos, rehabilitación y/o soluciones protésicas que comprometen la salud de la ciudadanía en general, y de las personas con discapacidad, en particular.

En concreto, el Cermi se refiere a prácticas sin evidencia de eficacia y/o con efecto nocivo para la salud que han surgido en este ámbito en los últimos años y que ocasionan por tanto un importante perjuicio al grupo al que se dirigen, así como a la comunidad sanitaria y científica, poniendo en riesgo la salud pública.

En este sentido, la plataforma representativa de la discapacidad recuerda que la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en vigor en España desde mayo del año 2008, reconoce el derecho de las personas con discapacidad a gozar del más alto nivel posible de salud sin discriminación por motivos de discapacidad.

Por todo lo expuesto anteriormente, el Cermi evidencia la urgencia de dar comienzo a acciones colectivas que, con el apoyo de los poderes públicos de las administraciones sanitarias, promuevan el derecho a la salud de toda la ciudadanía.

Así, plantea diversas propuestas de actuación como el aumento de la información de la población en general y de las personas con discapacidad y sus familias en particular acerca de la existencia de este tipo de tratamientos, a través de campañas informativas universalmente accesibles que incorporen además la utilización de lengua de signos y el subtitulado.

De la misma manera, el Cermi aboga por impulsar la investigación específica que desarrolle herramientas que prueben la evidencia de eficacia de estas prácticas, y que revierta en la comunidad científica y sanitaria y se traslade de forma comprensible y accesible a la población general.

Con este fin, solicita incrementar la inversión de I+D+i aplicado a la salud, que en España representaba en 2017 un 1,2% del PIB, prácticamente un punto por debajo del 2,07% de la media europea.

Por otro lado, la plataforma representativa de la discapacidad solicita también la promoción de un marco normativo que regule este tipo de actividades y servicios que permita posteriormente sancionar el uso fraudulento y las prácticas que resulten manifiestamente nocivas, ampliando la corresponsabilidad de todos aquellos, incluyendo medios de comunicación y redes sociales, que contribuyan a la difusión de estas terapias, métodos o tratamientos.

Garantizar que el ámbito sanitario, público y privado, siga principios éticos y evidencias de eficacia e informe a las personas con rigurosidad y profesionalidad, así como el establecimiento de vías de denuncia rápidas y accesibles de este tipo de terapias, es otra de las demandas del Cermi.

Por último, la plataforma representativa de la discapacidad, plantea el fomento del trabajo en red entre los diversos organismos públicos con las entidades representativas de las personas con discapacidad y de sus familias, así como con asociaciones profesionales y sociales y las sociedades científicas, con el fin de instaurar buenas prácticas en la intervención de las personas con discapacidad.