Impulsada por Plena Inclusión, la iniciativa arrancó hace más de un año, y en ella han participado personas de las entidades que esta federación agrupa a nivel nacional.

Dado el sobresfuerzo económico que las personas con discapacidad intelectual y sus familias afrontan, las cartas proponen una serie de medidas para compensar esta desigualdad, entre las que destaca la creación de una renta mínima específica para personas con discapacidad intelectual.

En declaraciones a Servimedia, el vicepresidente de Plena Inclusión, Juan Pérez, explicó que la clave de esta medida radica en que "estas personas sean entendidas como una unidad familiar independiente para poder percibirla".

En la inmensa mayoría de lod casos, "las personas con discapacidad intelectual se confunden" dentro de la unidad familiar de sus progenitores, con lo que son "invisibilizadas y nunca perciben estos ingresos a nivel personal", recalcó.

En la misma idea abundó Cristina Paredero, representante de personas con discapacidad intelectual y miembro de la Junta Directiva de Plena Inclusión España, para quien "esto es la pescadilla que se muerde la cola".

"Como no tenemos esa renta, no podemos empezar una vida independiente y montar un hogar, y como no vivimos de forma independiente, no nos dan la renta", precisó.

Dicha renta mínima debería ir además vinculada a unos ingresos mínimos garantizados para el colectivo, que Plena Inclusión fija en el entorno del salario mínimo interprofesional.

Además, las misivas piden compatibilizar el empleo con cierto tipo de prestaciones sociales, para que las personas con discapacidad intelectual no se vean obligadas a elegir entre trabajo y subsidios; elevar la prestación por hijo a cargo con una discapacidad del 33%; igualar las prestaciones por hijo con un grado de discapacidad del 65% a la que perciben los que tienen más de un 75%; mejorar el tratamiento fiscal de los patrimonios protegidos, y medidas específicas para fomentar su inserción laboral.

Entre éstas, reclamó un cupo específico de empleo reservado para las personas con discapacidad intelectual y mejorar las ofertas que ofrecen los Centros Especiales de Empleo. Según Paredero, están muy bien, pero, en general se limitan a puestos de muy baja cualificación y, por tanto, de un bajo nivel salarial.

ESFUERZO EXTRA

Las cartas también mencionan el mayor esfuerzo en términos económicos, laborales y personales que los familiares de estas personas afrontan día a día.

Según Antonio Hinojosa, representante de personas con discapacidad intelectual en Gadir (Grupo de Apoyo a la Dirección) de Plena inclusión España, las personas con gran discapacidad necesitan cuidados especializados durante todo el día, y esto "obliga a sus familias a renunciar a su trabajo o a abandonarlo muy a menudo".

"Todo esto supone que ganan menos dinero, o que incluso llegan a ser despedidos. En el peor de los casos, pueden incluso enfermar las familias", agregó.

La misma idea expresó María del Mar Arellano, madre de una chica con discapacidad intelectual . "O tienes muchos recursos de partida, o te ves obligada a priorizar y dejar de trabajar o de desarrollar tu carrera, con el coste económico, pero también en cuanto a relaciones sociales y de ocio que ello implica".

Zósimo Álvarez, padre de un chico con discapacidad intelectual, se refirió a su vez al 60% de personas con discapacidad intelectual leve o moderada, que "con apoyos y ayuda podrían vivir de forma independiente".

Para Enrique Galván, director de Plena Inclusión, el mensaje que le enviamos al nuevo Gobierno está claro: "favorecer la vida independiente de estas personas a la larga es lo mejor", no solo en términos sociales, sino también económicos.

"Sale más barato, aunque reciban prestaciones y ayudas, favorecer que trabajen y vivan de forma autónoma, a mantener una plaza en un centro ocupacional toda la vida".