Los dos peritos informáticos, José Navarro y Rubén Pujol, ratificaron este jueves los informes realizados sobre la titularidad de la web 'pactepeleferèndum.cat'. Según explicaron, tal y como les confirmó Telefónica, la titularidad era de 'CDmon' y no del Centro de Tecnologías de la Información (CTTI) de la Generalitat. Esta empresa se trataba de un proveedor de servicios que trabajaba tanto para el CTTI como para Òmnium Cultural. Sin embargo, la relación entre ambas “a priori no se puede saber, pero la lógica lleva a pensar que no”.

La vinculación realizada durante la investigación, apuntaron, se debe a un “error” de interpretación de la Guardia Civil, ya que “lo que hay que preguntar no es el acceso, sino las credenciales de acceso”. De esta manera indicaron que pese a que el CTTI accedió en 21 ocasiones al panel de control de la web del referéndum y Òmnium en 28, estos accesos no los hacen estas entidades sino que “muchos” los hizo el proveedor de servicios, es decir, CDmon.

“La Guardia Civil lo que ve es que hay una serie de accesos al panel de control de los dominios del CTTI y que desde esa misma conexión se accede a los dominios gestionados por Ómnium, la Guardia Civil supone que es el CTTI el que accede, pero cometen un error porque es CDmon”, expresaron.

Asimismo, se ratificaron en el informe aportado, a solicitud de la defensa de Basa, sobre los correos electrónicos de la exconsellera de Trabajo. Según expresaron, para realizar el informe accedieron a los metadatos de los correos. “Se trata de una información técnica muy difícil de manipular o alterar”. Tras extraer el registro de las 13 conversaciones concluyeron que “los datos de actividad y contenido son auténticos e íntegros”.

TRADUCCIÓN INADECUADA

Durante la sesión también intervino la filóloga catalana e hispánica Gemma Rigau que declaró como perito en relación a la traducción de un informe de la Comisaría General de Información de los Mossos d'Esquadra de 28 de septiembre de 2017 en relación al dispositivo de seguridad para el 1-O.

En el primer párrafo redactado en catalán se indica que “el dia 1 d'octubre de 2017 s'ha de celebrar el referéndum”. En el escrito de la Fiscalía, esta frase se traduce como “se ha de celebrar”, con un sentido imperativo, de manera que el ministerio público interpreta que los Mossos se implicaron a favor de la celebración del referéndum.

La perito propuesta por la defensa del exconseller de Interior, Joaquím Forn, explicó que esa traducción da lugar a confusión: “No es adecuada ni desde el punto de vista discursivo, porque es un texto que proyecta escenarios del 1 de octubre, ni tampoco pragmáticamente. En español puede tener un sentido obligatorio cuando en realidad es un informe de los Mossos dirigido a sus superiores, por tanto no se entiende que pueda ser una orden o mandato".

Por este motivo, la filóloga entiende que “la traducción ideal sería `el 1 de octubre se va a celebrar o se celebrará´” el referéndum que resultó ilegalizado por el Tribunal Constitucional. “No se estaba dando una orden, sino que se estaba refiriendo al futuro”, insistió.