En el auto de transformación de las diligencias a procedimiento abreviado, el magistrado ve indicios de la comisión de los delitos de malversación de caudales públicos agravado y da traslado a las acusaciones personadas para que en el plazo de 10 días presenten sus respectivos escritos de acusación.

El juez abre una pieza separada en la que incluye estos hechos, que se remontan al año 2000, cuando varios de los investigados vinculados a Agbar llegaron a un acuerdo con los socios locales colombianos de Inassa para conseguir que Agbar les vendiera toda su participación en Inassa con el fin de convertirse en socios únicos de la misma y, “a continuación, llevar a cabo las gestiones necesarias para vender esta sociedad por un precio muy superior a su valor real, a cambio de lo cual los citados trabajadores recibirían un porcentaje de Inassa, como así sucedió finalmente”.

El magistrado relata toda la operativa llevada a cabo por los investigados de una adquisición que, según explica, “estuvo plagada de ilicitudes y contrariamente a lo autorizado”, y que determinó que el 13 de diciembre de 2001 Canal de Isabel II aceptara pagar 73 millones de dólares por la compra de Inassa, “es decir, se aquietara a pagar un sobreprecio injustificado de, al menos, una cantidad comprendida entre 23 millones de dólares y 35.485.981 dólares”.

El titular del Juzgado Central de Instrucción 6 asume el criterio de la Fiscalía Anticorrupción y acuerda el sobreseimiento provisional y archivo de esta pieza respecto de 15 investigados, entre ellos Ruiz-Gallardón, Ignacio González o Manuel Cobo.

La resolución acuerda incorporar a las actuaciones los dos informes periciales aportados junto con el escrito del Ministerio Fiscal, al considerarlos un prueba “relevante y necesaria” para reforzar la acreditación de los hechos relativos a la adquisición de la sociedad Inassa por el ente público Canal de Isabel II.

ANTICORRUPCIÓN

La Fiscalía Anticorrupción presentó el pasado día 22 su escrito de conclusiones sobre la pieza separada del `caso Lezo´ que se refiere a la compra por un precio superior al de mercado de la colombiana Inassa por el Canal de Isabel II en 2001. En él exculpaba de posibles irregularidades al expresidente de la Comunidad de Madrid Alberto Ruiz-Gallardón y pedía imputar a varios exdirectivos del Canal.

Anticorrupción no encuentra indicios sólidos de que Gallardón autorizara personalmente la compra de Inassa a través de una empresa con domicilio social en un paraíso fiscal o que estuviera al tanto del posible cobro de comisiones

Afirma que los hechos que deberán integrar esta pieza comprenden los relativos a la expansión internacional en el año 2001 del Canal de Isabel II en Colombia mediante la adquisición del 75% de la sociedad Inassa, para lo cual utilizó una sociedad vehículo de nueva creación llamada Canal Extensia SA, participada en un 75% por la compañía de aguas madrileña y en un 25% por la mercantil valenciana Técnicas Valencianas de Aguas SA. La adquisición estaba sometida a la previa autorización del Consejo de Administración del Canal y del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid.

Ruiz-Gallardón fue llamado a declarar como investigado en la Audiencia Nacional el 7 de junio de 2018. En su declaración defendió la legalidad de todos los pasos dados para la compra de Inassa y negó tener conocimiento alguno de que se hubieran cobrado comisiones por la operación.

Canal de Isabel II compró Inassa en 2001 por 73 millones de dólares, una cifra que excedía el valor de mercado de la compañía. Además, la operación no se realizó directamente, sino a través de la compra de sociedades intermedias como la sociedad dominicana Watco o la Sociedad de Aguas de América.

Según el ministerio público, “la actuación conjunta de los investigados” propició el pago de un sobreprecio de “entre 23.000.000 dólares y 35.485.981 dólares (entre 25.422.000 € y 38.684.145 €)”. De esta cantidad, se destinaron 1.500.000 dólares (1.657.892 €) a la adquisición del 51% de Watco, “para la que los investigados carecían de autorización”.