Así lo recoge el informe de 2018 que presentó este martes a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, en el que la institución recogió 17.697 expedientes relativos a quejas de distintos ámbitos, no sólo el educativo.

El Defensor del Pueblo inició tramitaciones de oficio ante cada uno de los departamentos autonómicos de educación y ante el Ministerio de Educación y Formación Profesional, gestor del sistema educativo de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, instando "la remisión de información sobre las decisiones que cada una de ellas tenga previsto adoptar en relación con su red de centros de educación especial así como sobre la explicación que, también en el marco de la convención quepa dar a los proyectos de creación de nuevos centros de educación especial que eventualmente tenga elaborados la respectiva Administración educativa".

Tambien pidió a las distintas administraciones que le envíen "las medidas que tengan previsto adoptar en relación con las recomendaciones de actuación efectuadas por el Comité sobre derechos de las personas con discapacidad".

En concreto, el informe del Defensor recuerda que "un sistema educativo inclusivo, basado en la no discriminación e igualdad de oportunidades, requiere, según precisa el comité, la abolición del sistema separado de educación de estudiantes con discapacidad, la trasferencia progresiva de recursos de los centros educativos especiales hacia el sistema educativo general y el acceso del alumnado con discapacidad, en condiciones de igualdad con el resto de los estudiantes, a dicho sistema educativo general, en el que se le deben proporcionar los ajustes precisos que resulten razonables".

"También requiere que 'las personas con discapacidad puedan acudir a las escuelas primarias y secundarias dentro de las comunidades en las que viven' y que no sean 'enviados fuera de su entorno' a efectos de escolarización", añade el documento del Defensor. Fuentes de la institución aseguraron a Servimedia que esa actuación emprendida de oficio "sigue abierta".

ESPAÑA INCUMPLE

El Defensor subraya, asimismo, que el informe de 2018 del Comité establece que España "no asegura ni en su legislación, ni en sus políticas, ni en sus prácticas educativas el derecho a la inclusión educativa del alumnado con discapacidad y concluye que en el sistema educativo español perviven 'patrones estructurales de exclusión y segregación de las personas con discapacidad' quienes, en

razón de la misma, 'quedan encuadrados en un sistema de educación paralelo que consiste en los centros de educación especial o en las aulas especiales dentro de centros ordinarios', incompatible con la convención".

Asimismo, subraya que, "sin merma de la inclusividad, el sistema educativo puede incorporar fórmulas de escolarización especializadas para la atención educativa de los alumnos en razón de sus necesidades específicas, particularmente cuando los ajustes razonables no posibiliten su escolarización ordinaria".

Además, dice que el sistema también "debe respetar también la libertad de creación de centros docentes, dentro del respeto a los principios constitucionales y, por lo que aquí interesa, de las obligaciones derivadas de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad".

PACTO DE ESTADO EDUCATIVO

Tras la presentación del informe en el Congreso, Fernández Marugán reclamó a los políticos "adoptar una actitud más comprensiva" para que "en esta legislatura" que arranca alcancen un Pacto de Estado en Educación, "para darle estabiidad al sistema".

"Un buen sistema educativo no se improvisa", por lo que tiene que "consumir un tiempo para implantarse" y "conseguir un consenso para aplicarse". "Es una situación que deberíamos ser capaces de conjurar", sugirió a los próximos responsables de las políticas educativas.

Sobre este ámbito, el educativo, el Defensor dijo en su encuentro con la prensa que las revindicaciones de los ciudadanos seguían reclamando más recursos y más personal y criticó que "en un país moderno y desarrollado" sean "protagonistas" en cada inicio de curso académico los barracones.

De hecho, en 2018, destaca el informe, han continuado las quejas relativas a las condiciones de salubridad o habitabilidad de ciertos centros docentes; así como disfunciones en las obras de construcción, ampliación o rehabilitación de las instalaciones escolares.

Al ser preguntado por casos de adoctrinamiento independentista en centros catalanes, Fernández Marugán indicó que "es un problema que no se resuelve en el Defensor", aunque este informe recoja 26 quejas al respecto. El término adoctrinamiento "no debe acompañar y ni siquiera estar cerca de otras voces como educación, enseñanza o docencia", agrega el informe.

El informe también insiste, un año más, en acortar los plazos para que los estudiantes reciban las becas. "El objetivo ha de ser que la concesión y el ingreso se produzcan con carácter previo al inicio del curso o de los estudios para los que la beca o ayuda estuviera destinada", sostiene.