Asimismo, la institución informa de que recibió en 2018 “numerosas quejas” relativas al reconocimiento del grado de discapacidad, en su mayoría de personas que no estaban conformes con el grado reconocido. En su informe reconoce el “carácter técnico” del baremo, pero cita algunas irregularidades en casos particulares.

Aunque la determinación del grado de discapacidad se efectúa conforme a las normas y baremos establecidos en el real decreto de procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de minusvalía, la institución reconoce casos en los que se rebajó el grado de discapacidad de forma notable sin precisar las razones.

“En aquellas ocasiones en que la revisión de discapacidad suponga una notable disminución del grado reconocido con anterioridad, y en aras de mejorar las garantías de la valoración, el dictamen técnico ha de motivar los aspectos en los que aprecia dicha mejoría en el solicitante y no limitarse a informarle de que puede recurrir la decisión en vía judicial”, explica el Defensor.

En este sentido, el informe cita una actuación reciente en la que una ciudadana, a quien se había reconocido un grado del 66% y siete puntos de movilidad, se vio dos años más tarde con una valoración del 37% y sin baremo de movilidad. En el informe, el equipo de valoración apreciaba una mejoría de la mujer “sin mayor explicación”, lo que resultaba “discordante” con el informe del médico presentado.

Respecto a la evolución de los trabajos para la aprobación de un nuevo baremo de la discapacidad, el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) ha puesto de manifiesto que el grupo de trabajo, al que se hacía mención en el informe del pasado año, concluyó la propuesta técnica de adecuación del baremo en noviembre de 2017 y la elevó a la Comisión Delegada del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia, según el informe.

Dicha comisión ha creado distintos grupos de trabajo formados por técnicos de las comunidades autónomas y del Imserso. Uno de ellos está desarrollando la aplicación informática mencionada y otro trabaja en la adecuación normativa, recuerda el Defensor.