Como ya hicieron antes otros letrados de la defensa, Vergés criticó que los hechos sucedidos en el otoño de 2017 se han "sobredimensionado" con afirmaciones de la Fiscalía que sostiene que “la Constitución se había liquidado” y que “se hizo con violencia suficiente”, aunque después, explicó el letrado, “habló de una violencia `soft´, una violencia normativa, una desobediencia jactanciosa, un alzamiento normativo”.

La Fiscalía acusa a Bassa de rebelión y pide para ella 16 años de prisión. Los esfuerzos del letrado se centraron en demostrar que no existen evidencias de tal delito. Para ello, insistió en que el Gobierno de Mariano Rajoy no se vio obligado a declarar el estado de sitio porque los acontecimientos "no fueron suficientemente graves ni fueron una amenaza suficiente para el orden constitucional".

Según Vergés, la declaración del estado de sitio es el “baremo fundamental” que permite identificar “un alzamiento rebelde". Sin embargo, en este caso "bastó con aplicar el 155”, un mecanismo que expertos juristas consideran “un instrumento normal de control estatal”.

"No hubo rebelión porque no hubo violencia”, aseveró el letrado, que consideró “artificioso” el argumento de la Fiscalía para respaldar esa acusación, que siempre debe ir acompañada de violencia, que “debe formar parte del diseño de la rebelión, no puede ser sobrevenida”, mientras que “lo que ocurrió el 1-O fueron episodios sobrevenidos y no planificados".

El abogado insistió en que “no existe ni un solo mensaje de Dolors Bassa ni del resto de acusados que llamase a la violencia”. "Los escupitajos, los insultos, la patada en la cabeza, el 'sillazo'... no ponen en jaque el sistema constitucional", argumentó el Vergés, que defendió que el "orden constitucional no corrió peligro”.

A su entender, "el Estado no necesitaba emplear la fuerza para impedir el referéndum, le bastaba con no reconocer el resultado", tal y como ya hizo con la consulta del 9 de noviembre de 2014. Insistió también en que la declaración unilateral de independencia no estaba en los planes iniciales del `procés´, que estaba diseñado para una independencia pactada con el Estado.

“No puede considerarse un alzamiento resistirse a una disolución. Lo que la Guardia Civil ha llamado `barricadas´ son tres o cuatro mesas escolares mal puestas que tardaron unos segundos en sacarse", argumentó el abogado de Bassa. Además, remachó, "la declaración de independencia no se votó en el Parlament. Fue un acto político y pacífico, no ejecutivo. A pesar de ganar el `sí´, no se constituyó la república, Cataluña no se segregó".

Finalmente, el letrado rechazó de plano que Bassa llamara a los ciudadanos a proteger los colegios y esgrimió que no había ninguna razón objetiva para rechazar los actos lúdicos y cívicos que se convocaron para ese fin de semana en buena parte de los centros de votación, que en ningún caso fueron convocados por la Generalitat. También negó el desvío de fondos de su departamento para sufragar gastos del 1-O.