Según Enrique Galván, director de Plena Inclusión, la ausencia de esta adaptación provoca que muchas personas con discapacidad intelectual vean "vulnerado su derecho a la formación, que es clave de cara a su reinserción en la comunidad".

Asimismo, la federación respaldó las propuestas que el Defensor del Pueblo ha incluido en su informe anual para mejorar la atención de la población reclusa con discapacidad intelectual y la protección de sus derechos, y reclamó la creación de "espacios fuera de las prisiones" donde estas personas puedan cumplir sus condenas.

Indicó que el Defensor del Pueblo recoge la necesidad de "garantizar atención especializada" a este colectivo. Además, el informe señala que dicha atención "debe contar con el apoyo económico del Estado", partida que se ha visto "recortada durante los últimos años".

En la actualidad, Plena Inclusión elabora un informe sobre la situación de las personas con discapacidad intelectual que cumplen o han cumplido medidas de privación de libertad en España. Se basa en las respuestas de 367 personas de 14 comunidades autónomas y de Ceuta a un cuestionario de 241 preguntas.

Sus conclusiones se presentarán en el encuentro estatal sobre 'Acceso a la justicia y ajustes de Procedimiento para Personas con Discapacidad Intelectual' que se celebrará el 19 de junio en La Rioja. Las jornadas contarán con la presencia de Andrés Jiménez, responsable del Área de Seguridad y Justicia del Defensor del Pueblo, cuyo informe incluye una serie de medidas dirigidas a mejorar la garantía de los derechos de este colectivo.

Desde hace 24 años, Plena Inclusión lleva a cabo proyectos de apoyo a este colectivo en cárceles. En la actualidad atiende a casi 1.700 personas en 71 centros penitenciarios.