Hernández de Cos efectuó esta llamada durante las jornadas anuales que la Asociación de Periodistas de Información Económica (Apie) organiza en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) con el patrocinio de BBVA, donde pidió particular prudencia con los créditos al consumo.

Sobre esta última tipología de financiación, avisó de que observa elevados avances de financiación y han aflorado los impagos “por lo que las entidades deben reforzar sus criterios de concesión” para “lograr que el significativo incremento de la morosidad que se está observando se modere”.

Si bien reconoció que la rentabilidad de la banca ha mejorado y el pasado año aumentó hasta el 7,2% -la medida sobre recursos propios o ROE-, reparó en que su mejora descansó en una reducción de las provisiones para saneamientos y en la exposición a los activos improductivos, no por las mejoras de los márgenes de intermediación por lo que las entidades deben buscar su mejora con mayores ahorros de costes e inversión en nuevas tecnologías.

“Todavía", indicó, "se encuentra por debajo del coste de capital, por lo que la baja rentabilidad se configura como uno de los principales riesgos que afrontan la banca española y europea”. En este punto afirmó que la rentabilidad es, además, uno de los requisitos “para que las entidades puedan generar capital orgánicamente y elevar sus niveles de solvencia”, que, aunque reconoció que se sitúan por encima de los mínimos regulatorio, aún juzga insuficiente.

El capital de la banca española es inferior al acopiado por los bancos europeos y consideró que deben reforzarlo por razones normativas –aún hay que construir el colchón anticrisis- y ante su convicción de que “parece adecuado mejorar los niveles de capital” de las entidades “cuando las condiciones macroeconómicas son positivas”.

Al hacer repaso de los retos que encara la industria volvió a insistir en el riesgo legal, vinculado a los litigios judiciales que en el caso de la banca española “se ha incrementado significativamente” y solo en cláusulas suelo le ha supuesto devolver más de 2.200 millones de euros a clientes hasta enero de 2019.

Más allá de este coste subrayó que estas situaciones tienen implicaciones en una “pérdida de reputación”. A su juicio, las entidades deben “esforzarse en revertir esta percepción proporcionando a sus clientes la información precisa de manera clara y transparente, y facilitándoles el acceso a productos financieros adecuados a sus necesidades y conocimientos financieros”.