El estudio analiza la situación de las personas con discapacidad intelectual reclusas o exreclusas en España y se ha elaborado a partir de las respuestas de 367 de estas personas que han estado o están privadas de libertad en 14 comunidades autónomas y Ceuta.

Fue presentado en unas jornadas sobre acceso a la justicia de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, que se celebran en Logroño con la colaboración de Plena Inclusión La Rioja.

Según sus conclusiones, estas personas proceden en gran medida de entornos de exclusión y, junto a su discapacidad intelectual, tienen problemas de salud mental o conducta y situaciones de drogodependencia, lo que origina unas necesidades de apoyo extensas y complejas. De hecho, un 53,9% de las personas entrevistadas son drogodependientes y ello tuvo relación directa con la comisión del delito, pero sólo el 27,1% de ellas accede a tratamientos de deshabituación.

El estudio apunta que el actual sistema carece de procesos específicos de prevención del delito para estas personas, así como de acompañamiento y apoyo durante el procedimiento judicial, el cumplimiento de la pena (con las adaptaciones que son necesarias) y los procesos de reinserción y retorno a la comunidad.

DESAPERCIBIDOS

La estancia previa en un centro de menores es un factor de riesgo para la comisión de delitos en la edad adulta, subraya el informe.

Además, revela que solo un 51% de las personas con discapacidad intelectual privadas de libertad contaban con un certificado que acreditara su discapacidad antes de cometer el delito, lo que significa que pasaron "desapercibidas" para todos los sistemas de protección: sanitario, educativo, social, etc.

El 86% de estas personas nunca habían tenido contacto alguno con el movimiento asociativo de la discapacidad antes de ingresar en prisión.

Por otro lado, se señala que el 89% de las condenas a personas con discapacidad intelectual consisten en penas privativas de libertad, y el 8% corresponden a medidas de seguridad (privativas y no privativas ).

El 94% de las personas entrevistadas cumplen su condena en centros penitenciarios. Sólo en el 3% de los casos se suspenden o sustituyen las penas, a pesar de que el medio penitenciario es el menos adecuado para la rehabilitación de estas personas.

Por último, el estudio subraya que el 55% de las personas con discapacidad reclusas no han solicitado nunca un permiso, y que el 66,9% no han pedido una sola salida terapéutica. En general, cumplen sus condenas sin salir nunca del centro penitenciario. Solo accede a formación para el empleo un 16,3% de las personas entrevistadas, cuando este apoyo resulta fundamental en el proceso de reinserción social.

CONCLUSIONES

Para Plena Inclusión, los resultados de este informe revelan una gravísima repetición de errores y fallos en el sistema judicial español, que vulneran los derechos de las personas con discapacidad en el ámbito penitenciario. Estos derechos deberían estar garantizados por mandato de la Convención de Naciones Unidas que firmó en 2008 el Estado español.

Según Inés de Araoz, responsable del Departamento Jurídico de Plena Inclusión y una de las autoras del informe, "las personas con discapacidad intelectual reclusas o exreclusas se convierten en invisibles para el sistema judicial al no contar con los apoyos necesarios que les faciliten comprender los riesgos y consecuencias de sus actos".

"Estas personas se enfrentan a experiencias de 'salto al vacío', tanto cuando han sido privadas de su libertad como al abandonar los centros penitenciarios, que les abocan a un alto porcentaje de fracaso en el proceso de reinserción social", concluyó.