Son las palabras de la abogada María Massó, representante legal designada por el PP, para esta causa. Massó aseguró que en los servidores del partido “está todo el contenido generado por el extesorero, información que estaba entonces y que sigue a día de hoy”.

En este sentido, explicó que el 19 de diciembre de 2013, cuando el Juzgado de Instrucción 5 de Madrid requirió al PP para que entregase los ordenadores de Bárcenas, el juzgado “accedió a los servidores” donde se encontraba alojada “toda la información”. Según apuntó, “no se puede comparar el tratamiento que se le da a un servidor con el que se le da a un portátil. Es muy difícil hackearlo, no es información a la que se deba someter al procedimiento de borrado seguro, como se somete a los ordenadores”, indicó. De modo que “el juzgado pudo acceder a la información y pudo comprobar que no se ha borrado”.

En relación a la supuesta información contenida en los ordenadores portátiles de Bárcenas, contabilidad del partido y campañas electorales, entre otros datos, Massó reivindicó que “son datos propiedad del PP” que, además, “están en los servidores que recogen toda la información profesional de los empleados”. “Esos servidores recogen la información y la información contable, financiera, relativa a campañas… Son datos del partido”, así como los correos corporativos, que “son propiedad del PP, por supuesto”, insistió.

Sobre los ordenadores, Massó aseguró también que “sin ninguna duda son propiedad del PP”. “La certeza el partido la tiene no solo por los documentos en la causa, sino por todas las facturas que tiene de cuando Luis Bárcenas fue empleado del PP”. En esta línea, recordó que en el auto de sobreseimiento de la causa se afirma que el extesorero “no consiguió acreditar que los ordenadores eran suyos”.

Asimismo, criticó que el extesorero reclamara en un primer momento “el continente, pero nunca se refirió al contenido”. “Nunca", insistió, "pidió la información recogida en los ordenadores, nunca hasta la instrucción de este procedimiento”. Sin embargo, resaltó, “tanto el continente como el contenido es propiedad del PP”.

Respecto al procedimiento de borrado seguro, apuntó que “se utiliza con la finalidad de proteger los datos de los usuarios”, de modo que cuando un ordenador queda obsoleto, se decide su restitución o se reasigna, la ley le obliga a implementar ese tipo de protocolo para proteger la información del usuario anterior. Un protocolo, indicó, que da “cumplimiento estricto” al reglamento que desarrolla la ley orgánica de protección de datos.