Su petición la formularon en unas jornadas sobre el décimo aniversario de creación del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob) y coincidieron con la reclamación en el mismo sentido efectuada el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, durante la inauguración del encuentro.

El mecanismo de insolvencia es el aplicable cuando la entidad en dificultades no cumple con los requisitos exigibles para una resolución con apoyo de recursos porque se entiende que su caída no comprometería la estabilidad financiera o no hay interés público en riesgo; y se basa en el proceso de concurso de acreedores a empresas.

La presidenta de la JUR, organismo que se estrenó con la resolución del Popular a través de su adjudicación al Santander, denunció que en Europa hay más de 19 jurisdicciones y en algunos países “tienen dos o tres procedimientos concursales”.

Partidaria por tanto de un “marco unificado”, refirió a título ilustrativo que en un banco donde se consideró que no había interés público para que asumiese su resolución la JUR consumió una noche entera ver cómo debían gestionar el problema las autoridades nacionales y “llevó 18 meses” el proceso, aun siendo un banco “pequeño” con filiales en otros países.

Durante su intervención defendió que el rescate de una entidad debe correr a cargo de sus accionistas y bonistas –amortizando capital y deuda para que absorban pérdidas bajo el denominado sistema ‘bail-in’ porque salvarlo con ayudas sería “muy injusto”, al dejar a “generaciones futuras” su pago. Una vez diagnosticado el problema y decidido cómo proceder, abogó por “actuar rápido y de manera decisiva”.

ABOGA POR QUE EL BCE SUMINISTRE LIQUIDEZ

Por otro lado indicó que Europa trabaja en desarrollar un ‘backstop’ o fondo que, en caso de tener que asistir a bancos, no lo acabe pagando el contribuyente. Según indicó hay compromiso para que incluya un mecanismo del fondo europeo MEDE de aquí a 2024, contando a la vez con un fondo de resolución único mutualizado.

Sin embargo, entre las cuestiones a resolver, indicó que se necesita contar con una fuente de liquidez por si se precisa para una entidad que entre en resolución, no sea que una vez completado el proceso no pueda abrir sus sucursales por falta de fondos.

König coincidió con Hernández de Cos en que esta solución cuente con el apoyo del Banco Central Europeo (BCE), convencida de que “sin los bancos centrales no se puede plantear una solución así para entidades significativas”.

Por otra parte, urgió a los gobiernos involucrarse directamente y sacar adelante el proyecto de sistema único de fondos de garantía de depósitos. A su juicio no tiene sentido contar con un sistema de europeo para la liquidación bancaria y para su supervisión, sin disponer de un esquema común de garantía de depósitos.

El presidente del Financial Stability Institute en el Banco de Pagos Internacionales, Fernando Restoy, abogó a su vez directamente por “sistemas comunes de insolvencias” al igual que hay autoridad de resolución, en lugar de quedarse en una armonización de sus procedimientos y reglas aunque reconoció que será difícil conseguirlo.

Por otra parte, el también exsubgobernador del Banco de España pidió ser más “flexibles” con los bancos más pequeños a la hora de pedirles acopiar capital, aprendiendo de la experiencia de Estados Unidos.

La autoridad norteamericana a la hora “lidiar” con una crisis de bancos pequeños y medianos exige más flexibilidad que con entidades grandes y existe la opción de utilizar los fondos habilitados para entidades sistémicas.

PEDIR MENOS CAPITAL A BANCOS PEQUEÑOS

Sobre este aspecto el exgobernador del Banco de Francia y exdirector gerente del FMI, Jacques de Larosière, fue mucho más contundente y reclamó que se fijen requerimientos de capital anticrisis inferiores a las entidades más pequeñas, reduciendo el MREL que exige la JUR para que tengan hucha de la que tirar si surgen problemas graves.

Larosière admitió que ser más “benévolo” con los pequeños es un riesgo porque, según las estadísticas, “los bancos más pequeños son los más peligrosos” y los que mayores probabilidades tienen de ir a la quiebra o de que haya una insolvencia.

Pero subrayó que es “muy difícil” que logren emitir la deuda ‘anticrisis’ que se les exige cuando al ser pequeños “no tienen una gran reputación en el mercado” y eso les obligará a ofrecer altos tipos de interés y cupones que pueden socavar su futuro si dañan su rentabilidad. “Hay que llamar a las cosas por su nombre y tener un 8% de MREL no es accesible para los bancos medianos y pequeños”, espetó en el encuentro en la misma mesa que estaba la presidenta de la JUR, quien fija dicho requerimiento.

Larosière al igual que Restoy ve un espejo donde mirarse en cómo aborda cuestión la autoridad competente de Estados Unidos, que no fija un umbral tan “extremo” y parte de un “enfoque mucho más pragmático”.

König reconoció que fijar un 8% de MREL como mínimo para cualquier banco que pueda optar por acceder al fondo de resolución en caso de problemas es un requisito “un poco duro”, pero pidió confianza en la JUR.