Así lo indicó en entrevista en ‘Onda Cero’ en alusión a una información del diario ‘Cinco Días’ donde adelanta que el borrador del anteproyecto de ley para regular la futura Autoridad Independiente de Protección al Cliente Financiero prevé establecer una tasa de 200 euros a las entidades por cada reclamación recibida.

Calviño reconoció su pesar por no haber podido sacar adelante dicha autoridad e indicó que será una “prioridad” cuando se conforme el nuevo Gobierno, dado el actual sistema es poco eficiente y provoca que los clientes acaben en la justicia con “procesos muy largos y costosos”.

La razón que explicó es que las resoluciones que emiten los departamentos de resolución de reclamaciones del Banco de España y Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) no son vinculantes.

De hecho el borrador de la nueva autoridad sí prevé que tenga capacidad para imponer sus fallos en expedientes de hasta 50.000 euros.

La ministra refirió que aún se está “viendo cómo se financia” porque el “objetivo es que los ciudadanos no tengan que pagar por reclamar” y concedió que fijar dicha tasa podría tener además ese cariz disuasorio a no resolver las quejas, sin llegar a confirmar si quedará o no fijada tal tasa de 200 euros.