La organización denuncia que la violencia armada en el país supone "una crisis de derechos humanos, donde las víctimas no sólo tienen que superar el trauma que supuso ser heridas en medio de tiroteos, sino que además no pueden afrontar los tratamientos para su recuperación".

La investigación analiza si el Gobierno estadounidense cumple con su obligación de proporcionar remedios efectivos a las víctimas y sobrevivientes de violencia por arma de fuego. Indica que una reparación completa y efectiva por los daños causados incluye rehabilitación en forma de asistencia médica y psicológica; una indemnización por los daños económicamente evaluables, que tenga en cuenta las oportunidades perdidas y los gastos en medicamentos y servicios médicos; y la provisión de apoyos psicológicos y sociales. También incluye el acceso a información sobre todos los servicios médicos, psicológicos, sociales, administrativos y de otro tipo disponibles a los que puedan tener derecho las personas sobrevivientes.

Ser víctima de disparos es una experiencia que te cambia la vida, apunta AI, pues "las personas que han sobrevivido a ella no sólo han de superar el trauma, el miedo y la ansiedad tras las lesiones, sino que además pueden sufrir discapacidades y dolores de carácter crónico y, a menudo, grave. Estas secuelas suelen condicionar sus posibilidades y oportunidades en el futuro, como los trabajos que pueden desempeñar, los sitios donde pueden vivir y la medida en que pueden participar en su comunidad y en la vida pública".

Para este trabajo, Amnistía entrevistó a supervivientes de tiroteos y a sus familiares y cuidadores. Todos destacaron los gastos derivados de la asistencia médica como una de sus principales preocupaciones, así como las trabas administrativas y los obstáculos para acceder a tratamientos de rehabilitación.

Según un estudio de la Universidad Johns Hopkins, el gasto medio por cada persona herida por arma de fuego que acudía a urgencias era de 5.254 dólares, y el coste medio de hospitalización inicial (es decir, por cada persona ingresada por urgencias) ascendía a 95.887 dólares. Aunque los gastos dependen de la naturaleza y gravedad de las lesiones, en algunos casos el superviviente de disparos también necesitará asistencia médica a largo plazo para tratar sus lesiones y las secuelas de los disparos, señala el informe. Esto puede representar un considerable gasto adicional, que se vuelve "inasumible" para quienes carecían de seguro médico.

El informe denuncia que a pesar de la gravedad de los efectos de la violencia con armas de fuego, el Estado no proporciona a los sobrevivientes ni acceso a apoyo ni ninguna prestación concebida específicamente para ellos.

Estas personas se ven obligadas a depender de los mismos mecanismos y sistemas de acceso a la asistencia médica que el resto de la población estadounidense, encontrándose con múltiples trabas en este proceso. "Quienes han sobrevivido a la violencia, sobre todo si pertenecen a sectores desfavorecidos, suelen encontrar numerosas trabas cuando intentan acceder a la asistencia médica que necesitan", indica, y agrega que la situación normalmente se complica por el hecho de que no pueden volver a trabajar hasta haberse recuperado del todo. "Incluso en los casos de lesiones menos graves, esto incrementa la vulnerabilidad económica de las personas sobrevivientes", recalca.