“Es necesaria para que las reclamaciones de los servicios financieros se resuelvan de forma vinculante como exige la directiva y ocurre en toda Europa”, reclamó su presidente, Manuel Pardos.

La asociación lamentó el año de retraso que acusa el proyecto, ya que debía estar aprobado desde el pasado julio, como se estableció al transponer la directiva europea de resolución alternativa de conflictos en materia de consumo, y defendió que “daría solución a los miles de casos que hay en los juzgados de cláusulas suelo, gastos hipotecarios o IRPH”.

Su valoración se produce después de que la ministra de Economía y Empresa en funciones, Nadia Calviño, considerase este jueves que imponer un cargo a los bancos por recibir reclamaciones sería “un incentivo muy potente” para que “resuelvan los problemas” y quejas “en su propio seno”.

La ministra se expresaba después de que el diario ‘Cinco Días’ desvelase que el borrador del anteproyecto de ley para regular la futura Autoridad Independiente de Protección al Cliente Financiero prevé establecer una tasa de 200 euros a las entidades por cada reclamación recibida.