En un comunicado, la coordinadora indicó que "el IRPF está siendo conflictivo en su adecuación y reparto de fondos desde que en el año 2017 la Comunidad de Madrid tuviera su primera crisis, al imponer un primer sistema que anuló más de 700 programas para grupos vulnerables y dejó sin ayudas a cientos de ONGs".

Señaló que este año y sin consenso con las organizaciones de representación del Tercer Sector la consejería ha impuesto una orden de bases que anula los derechos de alegación y reformulación de las entidades, incrementa la puntuación mínima para obtener ayudas y establece una fórmula de cálculo que hace que las pequeñas y medianas ONG no tengan garantizado continuar con sus proyectos en el próximo año.

Además, sostiene que la orden suprime programas específicos para mujeres, personas migrantes y personas con VIH/Sida, al eliminar contenidos y proyectos en esas áreas.

Finalmente, en el comunicado afirma que desde la coordinadora "se ha tendido la mano a la consejería en funciones para mantener una reunión, sin respuesta hasta la fecha”, y que aunque se han dado contactos, no se ha alcanzado un punto de acuerdo que permita que las ONG tengan garantías.

Por ello, además de interponer el citado recurso, ha mantenido una ronda de encuentros con los grupos parlamentarios en la Asamblea de Madrid para pedir “un pacto global y definitivo para dotar de estabilidad al IRPF en la Comunidad de Madrid". A su juicio, es “una auténtica vergüenza que cada año la Comunidad de Madrid tenga que ser noticia por una nueva chapuza en la gestión de estas ayudas, que apoyan a quienes más lo necesitan”