A juicio de la entidad, el empleo público (en las distintas administraciones, organismos, entidades y empresas públicas) “encierra un elevado potencial de generación presente y futura de puestos de trabajo para personas con discapacidad, que no se están aprovechando en toda su amplitud, por lo que es necesario dirigir la mirada a esta vía de inclusión laboral”.

“En este y en los próximos años se están produciendo y se van a producir ofertas de empleo público masivas en número, para paliar los efectos de las no convocatorias que comportaron los años de crisis, de las que al menos un 7% se reservan a personas con discapacidad (5%, general y 2%, específica para personas con discapacidad intelectual)”, explica el Cermi.

En su opinión, esto supone miles de plazas adscritas para ser ocupadas por personas con discapacidad, “coyuntura favorable que no se puede desperdiciar en ningún caso, dada la todavía severa exclusión laboral que padece el grupo social de la discapacidad”.

El Cermi apela a los servicios de empleo públicos y a las propias organizaciones cívicas de la discapacidad a que orienten sus actividades de formación y búsqueda activa de puestos de trabajo al empleo público, “pues tiene un gran recorrido aún no transitado”.

“El empleo público para personas con discapacidad se atiene plenamente a los principios, valores y mandatos del artículo 27 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, de la que forma parte España, que insta a los Estados parte a promover empleos dignos y decentes en el mercado abierto”, concluye el Cermi.