La plataforma de la discapacidad pide al Defensor del Pueblo que investigue una a una qué universidades públicas han adoptado medidas efectivas para poner en práctica la reserva legal de empleo en favor de personas con discapacidad en los cuerpos de personal docente e investigador y qué grado de cumplimiento han alcanzado.

"Como en cualquier administración pública, en el ámbito universitario también rige el deber legal de reservar una cuota de empleo en las posiciones asignadas al personal docente e investigador, obligación que las universidades han de operativizar implantando los procesos apropiados, para lo cual han de adaptar la normativa de función pública a las peculiaridades de la provisión de puestos de este tipo de empleados públicos en la esfera de la educación superior", indicó el Cermi en una nota. "Los procesos por parte de las universidades han de dirigirse a que la cuota se haga efectiva, no a exonerarse de ella o a convertirla en irrelevante, pretextando dificultades administrativas que esconden falta de voluntad para cumplir el mandato legal".

El Cermi apela a la "responsabilidad legal y social de las universidades públicas para que este deber, tanto tiempo inobservado, sea una realidad y se aprovechen todas las medidas de acción positiva para incrementar la presencia de personas con discapacidad entre el personal docente e investigador".