Uno de los identificados, que hacía las veces de croupier, portaba en el momento del registro 1.750 euros, cantidad que coincide con el número de jugadores que se encontraban en el local y el precio fijado para la inscripción. Teniendo en cuenta el número de jugadores y las sanciones impuestas a las infracciones cometidas por el torneo contra la legislación del juego, el montante de éstas podría rebasar los 100.000 euros.

Las investigaciones se iniciaron cuando la Dirección General de Ordenación del Juego recibió una comunicación en la que se informa de la próxima realización de un torneo de póker que carece de los requisitos que estipula la legislación vigente.

El encuentro se produciría previsiblemente el día 14 de agosto en la localidad madrileña de San Sebastián de los Reyes, así que los agentes montaron un dispositivo con el fin de localizar el lugar en el que se iba a llevar a cabo el torneo y proceder a la comprobación de los hechos.

El día de la partida, los investigadores desplegados en el lugar observaron cómo a la hora que se tenía fijado el inicio de la misma, alrededor de unas cuarenta personas entraron en el local de forma progresiva. Debido a que la vigilancia mostró indicios claros de que se estaban realizando partidas de póker ilegales, se decidió entrar para inspeccionarlo.

Los agentes comprobaron que había un torneo ilegal de póker con tres mesas jugando simultáneamente, identificando a 28 jugadores que estaban participando en la partida ilegal. Además se recontaron las fichas que tenía en ese momento cada jugador y se intervinieron diversos naipes y útiles para jugar al póker.

La legislación vigente prohibe este tipo de timbas clandestinas. Participar en ellas lleva aparejada una sanción para el jugador de más de 3.000 euros, y para el organizador de entre 9.000 y 600.000 euros.