Según subrayó el Cermi este lunes en un comunicado, esta petición individual, conocida en la práctica del Derecho Internacional como ‘Amicus Curiae’ (‘Amigo de la Curia o Corte’, por su traducción del latín), también cuenta con el apoyo de Cáritas Española y Cáritas Girona.

El ‘Amicus Curiae’ se refiere a presentaciones realizadas por terceros ajenos a un litigio, “que ofrecen voluntariamente su opinión cualificada frente a algún punto de derecho u otro aspecto relacionado, para colaborar con el tribunal en la resolución de la materia objeto del proceso”, indicó el comunicado.

En este caso, el Cermi solicita a la ONU que admita el escrito y considere los argumentos que se presentan y que “se admita la petición individual para condenar a España por violación del Pacto de Naciones Unidas, en tanto no se ha asegurado el derecho a la vivienda de un nacional español, en cuyo caso la discapacidad era un hecho relevante”.

Como argumentos, el comité señala que “la Providencia del Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Girona, Cataluña, de 10 de diciembre de 2018, no tiene en suficiente consideración el factor de la discapacidad como elemento aumentativo de la vulnerabilidad y el riesgo de exclusión social, especialmente en relación con el derecho a la vivienda”.

Además, insiste en que “la especial protección” de las personas con discapacidad que deparan los tratados internacionales suscritos por España “no ha sido asumida” por la resolución judicial cuestionada. “Así, bienes jurídicos como el derecho a una vivienda digna, a la no discriminación, a la protección de la familia y la salud, que forman parte del ordenamiento jurídico, no han sido tenidos en cuenta de modo adecuado en la decisión del órgano judicial”, expone el comunicado.

CRISIS ECONÓMICA

En su relato ante el Comité de Naciones Unidas, el Cermi indica que “a raíz de la crisis económica y la burbuja inmobiliaria, el Legislador español ha incidido en los últimos años en materia del derecho a la vivienda, desde la perspectiva de su función social, aunque con lentitud y sin la intensidad precisa”.

Para la organización en defensa de los derechos de las personas con discapacidad, “pese” al soporte legal, estos ciudadanos “siguen encontrando barreras sustanciales en el acceso a la Justicia, lo que pone en riesgo la defensa y la garantía de su derecho humano a una vivienda adecuada”.

“Especial significación tienen los casos de desalojo forzoso de la vivienda habitual o las reclamaciones para incluir medidas de accesibilidad en las comunidades de propietarios”, insistió el Cermi.

En este sentido y recogiendo las recomendaciones de la Relatora Especial de Naciones Unidas para una vivienda adecuada en referencia al acceso a la justicia en el desarrollo del derecho humano a la vivienda, “España deberá establecer mecanismos de denuncia y rendición de cuentas accesibles e inclusivos, y garantizar que los tribunales estén autorizados y dotados de recursos adecuados para tramitar y resolver demandas relacionadas con el derecho de las personas con discapacidad una vivienda adecuada, ofreciendo soluciones aceptables en los casos extremos de desahucio y desalojo”.