Sus vacantes cobran interés después de que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, haya ofrecido este martes a Unidas Podemos ocupar "responsabilidades" muy relevantes en órganos e instituciones del Estado que no estén supeditadas al Consejo de Ministros como fórmula para tener una participación "activa" en la gobernanza del país, sin dar mayores pistas a la espera de sentarse con el partido liderado por Pablo Iglesias.

La designación más inmediata podría ser la del organismo de Competencia al vencer el mandato de su presidente, José María Marín Quemada, de su vicepresidenta y tres consejeros el 9 de septiembre. Son mantados para seis años no renovables, aunque pueden continuar en el sillón hasta que el Ejecutivo acuerde el relevo.

El mandato del presidente de la Airef, José Luis Escrivá, vence en febrero de 2020 sin posibilidad de prórroga. La Ley Orgánica de la Airef fija su mandato también para seis años.

Unidos Podemos mostró precisamente interés en liderar esta institución, encargada de garantizar el cumplimiento efectivo por las administraciones públicas del principio de estabilidad presupuestaria, cuando negoció sin acuerdo la conformación del nuevo Ejecutivo antes del verano. La ley establece que el presidente de la Airef será designado “entre personas de reconocido prestigio y experiencia mínima de diez años de ejercicio profesional en materias de análisis presupuestario, económico y financiero del sector público, valorándose especialmente su independencia y objetividad de criterio”, nombrado por el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Hacienda.

Jaime Ponce cumplirá sus cinco años de mandato no renovable en la presidencia del Frob en julio del próximo año igualmente. Tras haber resuelto buena parte de la desinversión en las antiguas cajas, a su sustituto le tocará decidir sobre la enajenación del 64% que el Estado aún controla de Bankia y el 45% en la Sareb, activos ambos de claro interés para la formación morada, si bien se trata de un cargo tradicionalmente vinculado a un perfil técnico y más ligado al Banco de España.

En la órbita de los supervisores también encararán procesos selectivos organismos como la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en 2020, si bien Sebastián Albella podría renovar otro mandato de cuatro años y sus estatutos obligan al Gobierno a elegir para tal responsabilidad a "personas de reconocida competencia en materias relacionadas con el mercado de valores".

Con independencia de estos procesos regulados la simple conformación de un nuevo Gobierno abre la puerta, si así lo decide, a renovar o sustituir el mando de múltiples organismos dependientes de los ministerios y de caríz también económico como son el Instituto de Crédito Oficial (ICO), el Instituto Nacional de Estadística (INE), la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), el Consorcio de Compensación de Seguros, el ICEX, la entidad pública Red.es o empresas públicas como Adif.

CNI Y CGPJ

Otro de los órganos que está pendiente de renovación es el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) después de que el pasado mes julio Félix Sanz Roldán dejara de ser su director después de 10 años al frente de los servicios de inteligencia españoles y bajo las órdenes de tres gobiernos distintos de dos partidos políticos. Actualmente, la secretaria general del CNI, Paz Esteban, ejerce la dirección del centro de manera interina, debido a que el Gobierno no ha podido nombrar un sustituto de Sanz Roldán por estar en funciones.

Actualmente, el director del CNI tiene rango de secretario de Estado y su nombramiento se produce mediante real decreto. El organismo ha estado adscrito al Ministerio de Defensa salvo en el periodo de tiempo comprendido entre 2011 y 2018, cuando la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría estuvo a su mando.

Por otro lado, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) está pendiente de renovar a su presidente, después de que el pasado 4 de diciembre venciese el mandato de cinco años del órgano de gobierno de los jueces.

En la pasada legislatura el PP y el PSOE alcanzaron un acuerdo para que el juez del Tribunal Supremo Manuel Marchena presidiera este organismo, pero éste rechazó el nombramiento después de filtrarse un mensaje de WhatsApp que se atribuyó al entonces portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, en el que presumía de que este acuerdo permitía al PP controlar la Sala de lo Penal del Supremo “por la puerta de atrás”.

La nueva composición parlamentaria complica más alcanzar la mayoría de tres quintos de las Cámaras necesarias para la renovación del CGPJ, lo que ha motivado que el órgano de gobierno de los jueces lleve ocho meses en funciones.

Ante esta situación, el presidente del Supremo y del CGPJ, Carlos Lesmes remitió sendas cartas el pasado mes de julio a los presidentes del Congreso y del Senado, Meritxell Batet y Manuel Cruz, en las que recuerda que es “legalmente obligado” proceder a la renovación del órgano de gobierno de los jueces.

Esta fue la segunda ocasión en la que el presidente del Poder Judicial se dirige a los presidentes de las Cámaras legislativas instándoles a proceder a la renovación del CGPJ, después de que el pasado 10 de enero dirigiera sendas misivas a los antecesores de Batet y de Cruz, Ana Pastor y Pío García-Escudero, en vista de que, transcurrido más de un mes desde la finalización del mandato, no se había producido la designación de los nuevos vocales.

DEFENSOR DEL PUEBLO Y RTVE

Más allá de estas instituciones y organismos públicos pendientes de renovación, el Estado cuenta además con otros organismos de interés que Sánchez podría ceder a Unidas Podemos en caso de acuerdo de Gobierno para la próxima legislatura.

Uno de ellos es el Defensor del Pueblo, cuya cabeza visible, el economista socialista Francisco Fernández Marugán, está en funciones desde hace dos veranos, cuando sustituyó en el cargo a Soledad Becerril, su predecesora hasta julio de 2017. Las últimas citas electorales y las consecuentes disoluciones de las Cortes han dejado en un segundo plano la renovación al frente de esta institución.

El Defensor del Pueblo es el Alto Comisionado de las Cortes Generales encargado de defender los derechos fundamentales y las libertades públicas de los ciudadanos mediante la supervisión de la actividad de las administraciones públicas españolas. Es elegido por el Congreso de los Diputados y el Senado, por una mayoría de tres quintos. Su mandato dura cinco años "y no recibe órdenes ni instrucciones de ninguna autoridad", explica el Defensor en su web. "Desempeña sus funciones con independencia e imparcialidad, con autonomía y según su criterio. Goza de inviolabilidad e inmunidad en el ejercicio de su cargo", añade. Puede actuar por petición ciudadana o intervenir de oficio.

Otro de los cargos que en situación de interinidad es la administración de la Corporación RTVE. El Pleno del Congreso de los Diputados aprobó el 27 de julio de 2018, con 180 votos a favor (en una segunda votación), que la periodista Rosa María Mateo sea Administradora Provisional Única de la Corporación de Radio y Televisión Española (RTVE), con el apoyo de los diputados socialistas y de Podemos, ademas de otros grupos minoritarios.

Esa elección era transitoria hasta que concluyese el concurso público para la elección de los miembros del nuevo Consejo de Administración. La propia Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) reclamó en mayo, con motivo del Día Mundial de la Libertad de Prensa que se impulse "sin demora y de forma transparente el concurso público para la elección de los miembros del Consejo de Administración y del Presidente de RTVE", pero la renovación, como otras tantas gestiones parlamentarias también sufrió un parón por la disolución de las Cortes y la presentación de numerosos recursos.

En cualquier caso la relación de entidades públicas empresariales, organismos públicos con regimen específico y otros entes publicos incluye a decenas de entidades como Enaire, ADIF, el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, Puertos del Estado, la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima, la Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepese), la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX), entre otros.