Más Madrid considera que el aborto se trata de una “prestación recogida por el Servicio Nacional de Salud y que corresponde a las comunidades, por transferencia, asegurar que se da con seguridad y confidencialidad”.

Clara Serra propone en la proposición no de ley “establecer como zona de seguridad de las clínicas acreditadas para la interrupción voluntaria del embarazo, una zona de un radio mínimo de cuarenta metros, dentro de la cual se garantice la intimidad de las mujeres que acuden a las clínicas IVE, su integridad física y moral, así como, su derecho a la libre circulación, quedando prohibida la distribución de información a las mujeres que se encuentren en la misma, la colocación sobre la vía pública o el mantenimiento sostenido por persona, de cualquier tipo de soporte informativo relativo al aborto, así como, la concentración, estática o en movimiento, de personas con la finalidad de asesorar, orientar o influir a las usuarias de las citadas clínicas o a las mujeres que circulen por la referida zona”.

Asimismo, se dice en la PNL, que “desde que se aprobase en 2010 la ley orgánica de salud sexual y reproductiva y de interrupción voluntaria del embarazo hasta la fecha, podemos afirmar que miles de mujeres se han visto insultadas, coaccionadas, amenazadas...de algún modo. En particular, en los centros de IVE de la Comunidad de Madrid tienen lugar actos de acoso y hostigamiento con una periodicidad semanal o incluso diaria”.

En la misma iniciativa se señala que “el entorpecimiento del derecho al aborto por parte de grupos organizados no es una realidad exclusivamente española, pero los países vecinos de la Unión Europea han desarrollado medidas legislativas para proteger la libertad de las mujeres".