Lo dijo hoy el presidente de Fenacore, Andrés del Campo, en la Jornada 'Directivas y Gobernanza del Agua', celebrada en el marco de la Feria Internacional para la Gestión Eficiente del Agua, Efiaqua.

Fenacore cree que existe una "contaminación política del agua" que ha derivado en "una maraña normativa con 17 leyes de aguas y 17 administraciones hidráulicas diferentes que compiten por gestionar este recurso, llevando incluso a otorgar concesiones por encima de las disponibilidades reales de agua".

"Las injerencias políticas en el proceso de planificación han generado una auténtica Torre de Babel donde cada territorio habla su propio lenguaje del agua, estableciendo su reparto en función de intereses políticos y no técnicos como correspondería, y saltándose en algunos casos incluso la Constitución que reconoce expresamente el principio de legalidad y de unidad de gestión de cuenca", señalan los regantes.

Fenacore insiste en la importancia de elevar el agua a "cuestión de Estado", de manera que sea la Administración Central la que dirija el proceso de planificación hidrológica, lo que permitiría, a su juicio, evitar los retrasos en la ejecución de obras de regulación y modernización de regadíos. Fenacore recuerda que, en la actualidad, España cuenta con 25 demarcaciones hidrográficas, más del doble que el resto de los países de nuestro entorno para un número similar de ríos.

Otro de los escollos que observa Fenacore para la planificación hidrológica es "las altas exigencias de los caudales ambientales que difícilmente se pueden compatibilizar con las demandas actuales, lo que está desembocando en una reducción de la disponibilidad de agua de otras demandas, principalmente el regadío, perjudicando a estos usuarios y privándoles del uso de este recurso".

Frente a esto, Fenacore pide una mayor racionalidad en la fijación de los caudales ecológicos, de manera que "no se haga escuchando solo a las asociaciones ecologistas". Cree que únicamente así se evitarían ‘desaciertos’ como los cometidos en muchos de los 3.000 puntos de control de caudales ecológicos que se han instaurado en ríos discontinuos y arroyos, estableciendo este tipo de caudales continuos en masas de agua que en estado natural no lo son.