Marlaska se refirió a esta cuestión en una entrevista con Servimedia, donde valoró la eventualidad de que el Gobierno central debiera tomar medidas si la Generalitat u otra autoridad catalana no garantiza la seguridad una vez que el Tribunal Supremo dicte la sentencia del ‘procés’.

En este sentido, el ministro aseguró que “hay que tener mucho cuidado para no generar una alarma innecesaria, no ponerse “la tirita o la venda antes de la herida”, ya que hasta el momento hay una “manifiesta” coordinación entre los Mossos d’Esquadra y la Policía Nacional y la Guardia Civil.

Sostuvo, respecto a esta colaboración con los Mossos, que se están elaborando continuamente “protocolos de actuación” para coordinarse y destacó, en referencia a los contactos con la Policía catalana, que están tratando “sobre cómo actuar en caso de que se materialicen desórdenes públicos con ocasión de las próximas jornadas”, en alusión a cuando se conozca la sentencia del ‘procés’.

“RESORTES LEGALES NECESARIOS”

En todo caso, señaló que existe todo un “botiquín” normativo para garantizar la seguridad en Cataluña en caso de que sea necesario tras difundirse la sentencia del ‘procés’. “Tenemos un marco normativo importante para todos los supuestos, para garantizar la seguridad pública y se aplicarán en la forma que sea preciso y necesaria, en parámetros de proporcionalidad y necesidad” afirmó.

“Lo importante”, refirió el ministro, “es que nosotros tenemos los resortes legales necesarios para el caso de que haya un incumplimiento en el marco competencial de cualquiera de las administraciones para hacer que la ley se cumpla en Cataluña”. Dijo que podrían usarse distintas vías, que van desde la propia Constitución, a la Ley de Seguridad Nacional y la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Sobre el hecho de que haya quien plantea que no podría usarse la Ley de Seguridad Nacional tras la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la aplicación del artículo 155 en Cataluña, el ministro dijo que estas cuestiones jurídicas “son complejas” y no se puede ser “muy taxativo al respecto”. En todo caso, indicó que en Interior existen unos servicios jurídicos que analizarían los “supuestos concretos” en caso de que fuese necesario.

Asimismo, se refirió a que en el caso de que se produjera en Cataluña un “desacato estructural” a las leyes tras la sentencia del ‘procés’, la conclusión sería “bastante obvia”, en referencia a que habría que aplicar el artículo 155. Apuntó que “si las instituciones desacatan y dejan de aplicar de una forma obstinada la normativa del ordenamiento jurídico, la respuesta es clara. Evidentemente, la respuesta no puede ser otra”, en alusión al artículo 155.

Por este motivo, el titular de Interior insistió en que el Gobierno central tiene “herramientas legales necesarias y precisas” en el caso de que “se haya perturbado la seguridad” en Cataluña tras la sentencia del ‘procés’ y sea necesario “restablecer” la normalidad en esta comunidad autónoma.