La Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (Fenadismer) acordó hoy pedir al Ministerio de Economía y Hacienda la derogación cautelar del Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos (conocido como el “céntimo sanitario”).

En un comunicado, la organización dice que el objetivo de esta petición es "no perjudicar más tanto a los consumidores profesionales y particulares de carburantes, como a las propias Arcas Públicas, ante la previsible decisión contraria de las instancias europeas por contravenir la normativa comunitaria".

Dicho impuesto, en vigor desde enero del 2002 grava el consumo de carburantes (gasolinas o gasóleos) con un sobrecargo en toda España de 2,4 céntimos en cada litro consumido tanto por los consumidores profesionales (transportistas y taxistas principalmente) como por los restantes consumidores particulares.

Desde Fenadismer recordaron que la Comisión Europea mediante dictamen el pasado año 2008 instaba al Gobierno español a que modificara la legislación por considerar que dicho impuesto no se ajustaba a la normativa comunitaria, amenazando con presentar la correspondiente demanda ante el Tribunal de Justicia Europeo, si no corregía dicha situación ilegal.