Dicha investigación, encomendada a la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos del Ministerio de Justicia, también abarcará a aquellas personas vinculadas a la cárnica “que pudieran estar realizando labores de testaferro”, según explicó este miércoles en rueda de prensa el portavoz de Facua-Consumidores en Acción, Rubén Sánchez.

El responsable de la organización de consumidores agregó que dicha oficina se encargará de la localización de los bienes, efectos, instrumentos y ganancias de un total de nueve personas y diez empresas que pudieran provenir de los hechos investigados.

A este respecto, la asociación solicitará a la juez que incluya en su investigación a Bellota Finca Santa Marta S.L. y a su administrador único, Pedro Marín Ponce, hermano del considerado administrador de hecho de Magrudis, José Antonio Marín Ponce.

Según precisó Sánchez, en su auto la jueza indica la existencia de “antecedentes mercantiles” de los que puede deducirse que Marín Ponce ha tenido cinco empresas registradas y cuatro de ellas han quedado sin actividad debido a “créditos incobrables".

Se trata de Marín y Maldonado SL, Sanmasur SL, Sierra Encina SL, Estirpe de Jabugo SL y Embutidos El Patio SL. Las cuatro últimas paralizaron su actividad tras acumular deudas, según puntualizó el portavoz de la organización de consumidores.

TRAMA ORGANIZADA

Para la jueza, la creación de todas estas entidades reportó “grandes beneficios económicos” y advirtió sobre la creación en torno a Magrudis de toda una “ingeniería mercantil” dirigida “de forma absoluta a prever los posibles problemas en el funcionamiento empresarial, tanto a nivel económico como sanitario”.

Una misión para la cual el responsable de Magrudis habría “utilizado a diferentes personas en su entorno" hasta articular una “trama organizada” con distintas entidades mercantiles con objeto social “similar” así como los “mecanismos necesarios para eludir el pago de las deudas y obtener cuantiosos beneficios”.

Por todo ello, la jueza cree “necesario” averiguar los activos, bienes, instrumentos, ganancias o efectos provenientes de las actividades ilícitas investigadas, que podrían ser constitutivas de un delito contra la salud pública, homicidio por imprudencia, lesiones al feto con resultado de muerte e insolvencia punible.