La política madrileña también está respondiendo sobre el supuesto desvío de fondos públicos a través de la fundación Fundescam. En concreto, sobre dos donaciones por importe de 160.000 euros realizadas por Arturo Fernández a la fundación Fundescam, de la que Cifuentes era patrona.

La investigada ha negado haber recibido dinero alguno y ha llegado a afirmar que ni siquiera sabía quiénes eran los responsables de nombrar a los patrones de esa fundación. Cifuentes lleva ya más de dos horas y media de declaración ante el juez del `caso Púnica´, Manuel García-Castellón, que ha decidido interrumpir la declaración de la expresidenta de la Comunidad de Madrid poco después de su inicio, al ser avisado de que el audio de la comparecencia estaba siendo transmitido en directo a la sala de prensa de la Audiencia Nacional.

Han sido los propios periodistas los que han avisado a los servicios técnicos de la Audiencia de que el sonido estaba siendo transmitido y, ante la imposibilidad de solucionar el problema, se ha avisado al juez, que ha suspendido temporalmente la declaración. En esos primeros minutos, la Fiscalía Anticorrupción preguntaba a la expresidenta por el organigrama del PP madrileño.

La expresidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, declara este miércoles en la Audiencia Nacional, a cuya sede llegó a las 16.50 horas, ante el juez que investiga el 'caso Púnica' para aclarar si tuvo algo que ver en la adjudicación irregular del servicio de cafetería de la Asamblea de Madrid al Grupo Cantoblanco.

En principio, la declaración de Cifuentes estaba prevista para el pasado martes, pero la coincidencia de la declaración con un señalamiento anterior de un cliente de su abogado ha motivado el aplazamiento.

Cifuentes declara por su presunta participación en la financiación irregular del PP mediante la adjudicación de contratos amañados y, en concreto, por la adjudicación del servicio de "cafetería, cocinas y comedores" de la Asamblea de Madrid al Grupo Canto Blanco del empresario y expresidente de la patronal madrileña CEIM Arturo Fernández.

Cifuentes presidía la mesa de contrataciones y formaba parte del comité de expertos que evaluó a los aspirantes. Sin embargo, la expresidenta "no disponía de experiencia en la valoración de los criterios para la adjudicación de un servicio de restauración", según consta en el auto de imputación.

Además, dicha sesión fue presidida por Cifuentes, que votó a favor de la aprobación del informe técnico que ella misma emitió, lo que contraviene a la Ley de régimen jurídico de las administraciones públicas.

La Fiscalía defiende que el PP madrileño se benefició de financiación irregular, desviando fondos públicos al pago de gastos a privados de la organización y de sus dirigentes, una actividad de la que cree que Cifuentes no pudo estar “ajena”. Dentro de ese entramado inscribe la adjudicación de la citada cafetería de la Asamblea autonómica o las adjudicaciones de contratos públicos a Indra a cambio de comisiones.