Estos y otros datos se incluyen en el informe estadístico sobre la situación de los órganos judiciales en el segundo trimestre de 2019, difundido hoy por el Consejo General del Poder Judicial.

Entre el 1 de abril y el 30 de junio de este año, en la jurisdicción civil ingresaron 594.458 asuntos, con un incremento del 0,2 por ciento respecto al segundo trimestre de 2018. En esta jurisdicción se resolvieron 596.420 asuntos, un 6,1 por ciento más, y quedaron en trámite 1.475.066, un 13,5% más que al final del segundo trimestre de 2018.

Del total de asuntos pendientes, 255.247 corresponden a acciones individuales sobre condiciones generales incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias cuyo prestatario sea una persona física (cláusulas abusivas), que se tramitan en los juzgados de primera instancia.

En la jurisdicción penal tuvieron entrada 811.192 asuntos, un dato que encierra una disminución interanual del 2 por ciento; el número de asuntos resueltos ascendió a 822.334, una cifra un 2,2 por ciento inferior a la registrada en el mismo periodo de 2018. Finalmente, quedaron en trámite 697.809 asuntos, un 1,7 por ciento más que hace un año.

Al igual que en el trimestre anterior, el elevado número de nuevos asuntos de extranjería en los juzgado de lo contencioso administrativo y de nacionalidad en la sala correspondiente de la Audiencia Nacional ha provocado un incremento interanual del 23,5 por ciento en el número total de asuntos ingresados en la jurisdicción con respecto al segundo trimestre de 2018. En total, se registraron 66.911 nuevos asuntos; se resolvieron 61.705 (un 4,1 por ciento más que el año anterior), y quedaron en trámite 193.837 asuntos (7,7 por ciento más que en el mismo periodo de 2018).

En la jurisdicción social han ingresado 109.011 asuntos, dato que supone un aumento del 1,8 respecto a 2018. Los resueltos, 107.043, experimentaron un descenso del 3,8 por ciento; por último, quedaron en trámite 285.529, cifra que expresa un aumento del 5,8 por ciento.

Los datos recogidos en el informe muestran que la tasa de litigiosidad en el conjunto de España se ha mantenido en niveles muy similares a las de hace un año. En el segundo trimestre de 2019, ha sido de 33,6 asuntos por cada 1.000 habitantes, mientras que en el segundo trimestre de 2018 fue de 33,8 asuntos por cada 1.000 habitantes.

Las comunidades que han mostrado una tasa de litigiosidad superior a la nacional han sido Canarias (42,5), Andalucía (37,9), Baleares (35,8), Asturias (35,4) y Murcia (34,3). Las de menor tasa de litigiosidad fueron La Rioja (22,4), País Vasco (25,3) y Navarra (25,6).