Así lo indica el Supremo en la sentencia que condena a Bassa a 12 años de prisión, y el mismo tiempo de inhabilitación absoluta, por un delito de sedición en concurso medial con el de malversación. Según la resolución del Alto Tribunal, Bassa adoptó, dentro de su área de influencia, las decisiones ejecutivas necesarias para procurar la celebración del referéndum.

"Cedió el uso de centros cívicos como locales para la votación el 1 de octubre, y para la jornada de Escoles Obertes que se celebró durante ese fin de semana", señala. Esta última iniciativa que menciona la Sala tuvo por objetivo "evitar o, cuanto menos, dificultar notablemente el cumplimiento de las órdenes del Tribunal Superior de Justicia sobre el cierre de los centros de votación el día 1 de octubre".

En relación con el uso de los locales, Bassa tuvo una intervención "decisiva" de cara a garantizar su disponibilidad para el referéndum, blindándolos ante una eventual negativa de sus directores a la apertura.

Además, subraya, "para evitar riesgos y que iniciativas individuales pudieran interferir en el plan trazado, el día 28 de septiembre y hasta las 7 horas del día 2 de octubre, avocó para sí la competencia de todos los directores responsables de los centros afectados". Algo que hizo, indica la sentencia, justo al día siguiente de que la magistrada instructora del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña dictara el auto que ordenaba el cierre de los colegios electorales el 1 de octubre.