“Creo y confío en su voluntad de cumplir lo acordado”, expone Garrido en la misiva y añade que “una vez esto sea así, convendría que nos reuniéramos para estudiar el incremento de la aportación estatal a la financiación del transporte público regular de viajeros de Madrid, de forma análoga al incremento que recogía el Proyecto de Presupuestos del Estado para el año 2019 respecto de la Autoridad Metropolitana de Barcelona, que experimentaba un crecimiento del 50,93 por ciento de la aportación del Estado en la comparativa entre el ejercicio de 2015 y el Proyecto de Presupuestos presentado para 2019”.

Según el citado consejero, “ni por la población atendida ni por los viajeros transportados ni por los presupuestos dedicados al transporte se puede entender que mientras en Barcelona, de 2015 a 2019, la subvención del Estado haya tenido una previsión de crecimiento del 50,93%, en Madrid, en el mismo periodo, se haya reducido un 0,98%”.

Garrido indica en la carta que “en los Presupuestos Generales del Estado de 2018 prorrogados para 2019 se recoge una aportación para la financiación del transporte de Madrid por importe de 126,8 millones de euros, concretamente en la Sección 32, del programa presupuestario 441M”.

Asimismo, recuerda que “a lo largo de 2019 se han enviado escritos por parte del Consorcio Regional de Transportes de Madrid a la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local solicitando el pago de dichos créditos, sin que se haya recibido contestación alguna ni sobre esta cuestión ni sobre el motivo de la no aportación”.

Asimismo, añade, “desde la Consejería de Transportes, con fecha 6 de junio de este mismo año, se envió una carta a la Secretaría de Estado de Hacienda solicitando una reunión para clarificar estos extremos y poder articular alguna solución respecto a la falta de financiación de la aportación al transporte de Madrid por parte de la Administración General del Estado. Esa carta tampoco ha tenido contestación”.

Garrido también afirma que “la deuda contraída por la Administración estatal asciende, a día de hoy, a más de 105 millones de euros. Apenas faltan tres meses para la finalización del ejercicio presupuestario y no se ha solucionado este grave problema, del que no se concluye una solución a corto plazo, toda vez que ya se ha anunciado que los Presupuestos Generales del Estado van a seguir prorrogados durante lo que resta del año”.

A juicio de Garrido, “esta falta de financiación durante todo este ejercicio por parte de uno de los principales socios del Consorcio de Transportes de Madrid está suponiendo fuertes tensiones en su tesorería, que serán dramáticas en el caso de que al término del año no se produzca el ingreso previsto”.

Tras manifestar que “las administraciones públicas tenemos la obligación de hacer una gestión eficiente, equilibrada y global de la oferta de transporte público, estableciendo trazados, frecuencias, horarios de las líneas y buscando la cooperación entre los diferentes modos”, asegura que “la lealtad institucional no es una virtud, es una obligación moral. Como representantes de los ciudadanos y servidores públicos, nuestra obligación es estar al servicio del bien general y colaborar, es decir, trabajar juntos”.