Marchena se refirió a esta situación durante su comparecencia ante la Comisión de Calificación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para defender su candidatura a seguir presidiendo la Sala Penal. Es el único candidato y, por tanto, va a revalidar el puesto en el que lleva desde 2014.

El magistrado ha hecho esta referencia a la posible dificultad de formar tribunal para juzgar a Puigdemont en el caso de que fuera detenido y extraditado a España, pero sin nombrar en concreto este caso. Dijo, además, que aún debería debatirse si los jueces que han intervenido en alguna parte de la causa del `procés´ pueden volver a actuar en otra causa relacionada.

Denunció la falta de personal de la Sala Penal y recordó que, de los 15 magistrados que la componen, un total de 13 ya han intervenido en alguna de las fases de la causa del 1-O. Siete de ellos formaron parte del tribunal juzgador, uno fue el instructor, tres integran la Sala de Apelaciones y otros dos más en otros trámites relacionados con la causa.

En este punto, y en respuesta a preguntas del presidente del CGPJ ,Carlos Lesmes, Marchena mencionó las sentencias del Tribunal Constitucional (TC) que han dado el visto bueno a que un procesado en rebeldía pueda ser juzgado después por el mismo tribunal que enjuició ya al resto de los acusados que sí pudieron ser detenidos y sentados en el banquillo.

También mencionó la posibilidad legal de sustituir a los magistrados de la Sala Penal por miembros de otras Salas, aunque sólo fue una referencia tangencial porque aún falta tiempo para que la justicia belga se pronuncia sobre la entrega del Puigdemont y está pendiente la incorporación a la Sala Penal de tres nuevos magistrados.

FILTRACIÓN DE LA SENTENCIA

Marchena lamentó “de corazón” que se filtraran los delitos por los que iban a ser condenados los acusados del `procés´, destacó que durante el tiempo en que el asunto estuvo exclusivamente en las manos de los jueces no hubo filtración alguna y recordó que su correo electrónico fue objeto de un intento de `hackeo´ para acceder a los documentos que eran “objeto oscuro del deseo de muchos”.

Tras puntualizar que la sentencia como tal no se filtró, Marchena admitió que las informaciones sobre la sentencia antes de que estuviera firmada hacen “mucho daño” y dijo que “este es un mal al que hay que hacer frente. El único consuelo es que la sentencia no ha salido de la Sala".

Además, el aspirante hizo mención expresa de las relaciones fluidas logradas con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, punto en el que se refirió a la cuestión prejudicial enviada por la Sala sobre el alcance de la inmunidad de Oriol Junqueras como eurodiputado.

HOJA DE SERVICIOS

En la exposición de lo realizado por la Sala Penal bajo su Presidencia, el candidato citó las resoluciones sobre el violador de Ciudad Lineal o el caso Falciani. Aseguró que “hubiera incluido la sentencia del `procés´”, pero aún “no estaba dictada” cuando recopiló la documentación para optar a la plaza.

Marchena fue respondiendo a las preguntas que le planteaba Lesmes, como ponente del Consejo en este nombramiento. Destacó la agilidad en la resolución de asuntos de la Sala que ha presidido durante los cinco últimos años. Habló de la necesidad de unificar los criterios para dictar sentencia y adelantó: “Seré implacable a partir de ahora para que las sentencias de la Sala Penal sean reconocibles incluso por su presentación formal".

El magistrado se refirió también a la condición de los aforados y abogó por una reducción de su número. "Es un error que se crea que un cargo público no está 'bien vestido' si no tiene aforamiento. El fuero es una prerrogativa institucional, no un privilegio. Me gustaría que se redujera el número de aforados por la necesidad de entroncar con su función histórica y constitucional porque, si no, el aroma de privilegio aparece", explicó.