La portavoz del CGPJ, Gabriela Bravo, explicó hoy en una comparecencia que tuvo lugar tras la celebración del último pleno del año que este convenio va a favorecer “la comunicación de las alertas o alarmas” policiales en materia de violencia de género “directamente al órgano judicial competente”.

Este convenio se enmarca “en la línea de compromiso del CGPJ de colaborar con el resto de instituciones del Estado en la erradicación de la violencia sobre la mujer”.

Los juzgados y tribunales penales, competentes en materia de violencia de género, podrán acceder al sistema a través del Punto Neutro Judicial, según explicó la portavoz del CGPJ.

SANCIÓN DISCIPLINARIA

Bravo también informó de que el pleno del CGPJ ha impuesto a la magistrada Asunción Tambo, presidenta de la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, la sanción de suspensión de funciones por tiempo de dos años.

El Consejo ha tomado esta decisión al concluir que la magistrada incurrió en una falta disciplinaria muy grave consistente en una continuada inobservancia del deber de abstención teniendo interés indirecto en las causas.

El pleno también ha servido para aprobar el informe al proyecto de Real Decreto por el que se establecen las circunstancias de ejecución de penas de trabajo en beneficio de la comunidad. La reforma tiene por objeto regular las medidas a seguir por la Administración Penitenciara para la ejecución de determinadas penas y medidas de seguridad, así como de la suspensión de la ejecución y sustitución de penas.

Bravo indicó que el informe del CGPJ señala la conveniencia de que el Real Decreto efectúe una regulación específica del régimen de cumplimiento de la pena de trabajos en beneficio de la comunidad, cuando ésta se realice mediante la participación del penado en talleres o programas formativos o de reeducación, habida cuenta de que se trata de una relevante modificación introducida en el Código Penal.

En materia de libertad vigilada, se pone de relieve la ausencia de toda regulación sobre el procedimiento, competencias y seguimiento de la misma. El pleno también ha aprobado el informe sobre el Anteproyecto de la Ley reguladora de la Jurisdicción Social.

NOMBRAMIENTOS

El pleno celebrado hoy, el último del año, también ha servido para realizar varios nombramientos. Los vocales han designado como nuevo presidente de la Audiencia Provincial de Barcelona al magistrado Pablo Llarena, quien ha obtenido 14 votos.

El CGPJ ha nombrado asimismo por 12 votos a José Antonio Varela como presidente de la Audiencia Provincial de Lugo y al magistrado Andrés Pacheco para la Presidencia de la Audiencia Provincial de Murcia, este último tras cosechar el voto de 11 vocales.

El máximo órgano de gobierno de los jueces ha decidido por último con el voto de 15 vocales reelegir al magistrado Miguel Escanilla como presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja.

Por otra parte, tras las cuatro votaciones reglamentarias, al no haber obtenido ninguno de los candidatos los votos necesarios, no ha sido posible cubrir la plaza de presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.