Así lo expresó el delegado del Cermi para los Derechos Humanos y la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, Jesús Martín Blanco, durante la conferencia inaugural del XIII Encuentro de Gestores de Patrimonio Mundial de España, celebrado en Córdoba y organizado por el Ministerio de Cultura y Deporte.

En su ponencia, Martín Blanco urgió a cumplir los mandatos del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales y los principios de la Agenda 2030, garantizando que las personas con discapacidad puedan acceder a la cultura en igualdad de condiciones, ya sea como receptoras o como creadoras.

“Los bienes culturales son patrimonio común, atesoran lo que es un pueblo, nos dicen cómo éramos en el pasado para que la humanidad entienda su presente y son una prueba incontestable de dónde nos ubicaba la historia a las personas con discapacidad, a través de las expresiones y manifestaciones culturales: generalmente en los márgenes y absolutamente invisibilizadas, cuando no denostadas, en obras que nos mostraban como seres minorizados y desposeídos muchas veces de la condición humana”, apuntó el delegado del Cermi.

En su opinión, esto podría resumirse con la expresión “prohibido el paso a todas las personas con discapacidad”. Así, según defendió, “toda persona tiene derechos culturales”, lo que garantiza el derecho a participar y disfrutar de los beneficios de la cultura y la ciencia, así como la posibilidad de buscar el conocimiento, la comprensión y la creatividad humana “como elementos del derecho a la educación, la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión”.

PROPUESTAS

Ante este escenario, Martín Blanco pidió al Estado español que promueva una regulación que otorgue efectividad, especialmente en el ámbito judicial, a las decisiones de los órganos de tratados internacionales de derechos humanos.

Además, reclamó la realización de una auditoría integral en materia de accesibilidad universal de todos los centros y unidades de producción cultural para comprobar si son accesibles, teniendo en cuenta que el 4 de diciembre de 2017 concluyó el plazo legal que se dio España en 2003 para que todos los bienes, entornos y servicios de interés fueran accesibles.

En este sentido, subrayó la necesidad de impulsar un Plan Específico de Accesibilidad universal de todos los centros y espacios culturales para acomodarlos a las exigencias legales, al tiempo que instó a no olvidar la accesibilidad cognitiva, a fin de no excluir del acceso a la cultura a las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo.

Para los casos en los que no se garantice la accesibilidad o el diseño para todas las personas, el delegado del Cermi para los Derechos Humanos exigió la aprobación de medidas de promoción de la accesibilidad, incorporando sanciones por la falta de accesibilidad al cine, a las artes audiovisuales y escénicas y a monumentos, museos y bibliotecas.

Del mismo modo, pidió adecuar la Ley de Propiedad Intelectual a los mandatos del Tratado de Marrakech para garantizar el acceso a la cultura a quienes tienen dificultades para leer textos impresos, como es el caso de las personas ciegas.

Por último, Martín Blanco señaló que se debe favorecer la visibilidad de obras artísticas de personas con discapacidad, fijando un porcentaje mínimo del total de las obras que exhiben los centros culturales de titularidad pública.