Durante su comparecencia para hablar sobre el desarrollo de Pacto de Estado contra la Violencia de Género en la Comunidad de Madrid, destacó que “la violencia machista es un tema transversal y queremos que se impliquen todas las áreas". "Es imprescindible su colaboración”, señaló.

Informó de que también se reunió el pasado 12 de noviembre con representantes de la Secretaría de Estado de Igualdad para “dar solución a un problema que no sólo lo es de la Comunidad de Madrid, sino que afecta a varias comunidades autónomas.

A su juicio, “desde el Estado se van a encontrar con que las comunidades disponen de un dinero que llega tarde y procedimientos administrativos que impiden gastarlo en el plazo estipulado”. Por eso, explicó, que se ha solicitado "ampliar el ámbito temporal de la ejecución de la totalidad del citado pacto, pero parece ser que no es posible”. “Fue posible el año pasado de manera excepcional, no sabemos si este criterio puede cambiar más adelante”, indicó Reyero, quien dijo que, a día de hoy, el Ministerio de Igualdad ha hecho efectivo el último pago el 30 de octubre de 2019”.

Así, indicó que “hay que tener en cuenta que en el año 2019 no se incluye la excepcionalidad expresada en el artículo 86.2 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre General de Presupuestaria, referida a los remanentes comprometidos al final del ejercicio, motivo por el cual se acumula la justificación de dos ejercicios en uno solo, así en el 2019 existe la obligación de comprometer los créditos recibidos en el año 2018 y los recibidos en el 2019”.

El consejero también explicó que “nos encontramos con que, a pesar de todas las dificultades, tenemos la obligación de comprometer en una sola anualidad casi 20 millones”. “Para poder tramitar expedientes a través de los cuales se pueda justificar el adecuado uso de los fondos recibidos para las finalidades previstas en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, es necesario la tramitación de complejos expedientes de gasto, sometidos, en la mayoría de las actuaciones, a la regulación prevista en la Ley de Contratos del Sector Público, así como a la regulación de la Ley General de Subvenciones y la Ley de Subvenciones de la Comunidad de Madrid, entre otra normativa de aplicación, estableciendo esta regulación dilatados plazos en sus diferentes fases de la tramitación de los procedimientos administrativos que llevan aparejados”, señaló.

Consideró “necesario tener en cuenta que los recursos a los que se va a destinar los créditos recibidos están relacionados con otros proyectos o actuaciones que necesitan tiempo para su desarrollo y correcta implantación”. Y apuntó que, “si no cambian los criterios y procedimientos de organización y distribución de los fondos” del citado pacto de Estado "siempre habrá un ejercicio presupuestario en el que se acumule toda la inejecución de un mínimo de dos anualidades que serían de difícil cumplimiento”. A su juicio, “no se trata sólo de gastar más dinero sino de ser eficaz en el gasto”, concluyó.