La declaración de emergencia se produjo por la situación del estado de la residencia de la referida embajada y la del edificio de la lavandería que alberga el grupo electrógeno que la dota de suministro, que no garantizaba las condiciones mínimas de seguridad y habitabilidad y generaba un grave peligro para la estabilidad de los elementos estructurales del edificio y para la seguridad de las personas.

Por ello, se acordó la declaración de emergencia de la tramitación del expediente de rehabilitación el pasado 12 de marzo, tomando razón de la misma el Consejo de Ministros un mes después.

El plazo estimado para la realización de las obras era de seis meses y diez días, a contar desde el 21 marzo, fecha del acta de comprobación de replanteo e inicio de las obras. No obstante, durante el transcurso de los trabajos, y una vez se analizó la situación real del inmueble, se detectaron nuevos defectos que requerían una ampliación de las obras necesarias para rehabilitación integral.

De este modo, según lo establecido en el informe técnico elaborado el 17 de septiembre, se consideró necesario acometer actuaciones de consolidación de la estructura y renovación de la instalación eléctrica y sanitaria.

Esta situación motivó que el 16 de septiembre las empresas adjudicatarias de la obra presentaran un nuevo presupuesto correspondiente a la obra y a su asistencia técnica por un importe total de 3.537.940 euros (3.229.336,45 la obra y 308.603,55 la asistencia técnica), lo que supone un incremento de 1.110.877,30 euros respecto al presupuesto inicial de 2.427.062,70 euros.

Estas nuevas circunstancias conllevan una ampliación del plazo de ejecución de las obras de dos meses, hasta el próximo 30 de noviembre, cuando la fecha prevista de finalización de la obra era el 30 de septiembre. Esta modificación no excede el 50% del precio inicial del contrato, IVA exclusivo.