Su propuesta abarca desde incentivar el acceso de unos jóvenes poco persuadidos por formar parte del tejido funcionarial creando “una marca como empleador” público de la Administración, a “modernizar” los temarios, habilitar prácticas o profesionalizar los tribunales de selección.

Las ideas las han plasmado en un documento que han hecho llegar a la secretaría de Estado de Función Pública con intención de activar el debate, según explicaron este miércoles el presidente de Fedeca, Jordi Solé, y el presidente de la Asociación de Diplomáticos Españoles (ADE), Javier García-Larrache.

“Esperamos que despierte conciencia pronto porque pronto tengamos Gobierno”, confió Solé, persuadido de que es necesario “planificar” y no limitarse “al día y lo que permiten los presupuestos” para reclutar personal público. Eso requiere, dijo, “un debate serio de la profesión porque es mejorable y necesita adaptarse a la realidad de hoy”.

En su opinión el sistema selectivo actual “no es malo” como lo prueba que haya “estado funcionando cien años” y “haya entrado gente preparada”. “No sabemos si ha elegido a los mejores o si ha dejado gente buena por el camino”, precisó, por lo que defendió que necesita actualizarse y más cuando “la sociedad ha cambiado”, la juventud también e igualmente las necesidades y realidades de la Administración.

Durante la crisis se ha producido una “descapitalización” de la Administración y el censo de trabajadores públicos se ha reducido desde los 549.442 del año 2009 a 507.830 en la actualidad -la cifra caería a 139.437 si se resta el personal de los cuerpos de seguridad, del poder judicial y el sometido a derecho laboral o eventual e interino-.

Ante estas realidades la prioridad que detectan es que se debe evaluar qué efectivos necesitará la Administración y con qué competencias, dependiendo de las áreas de destino y funciones a desarrollar, para la próxima década. Según el documento toca elaborar una “cuidadosa planificación” que permitirá “definir las actitudes, destrezas y conocimientos requeridos para cada uno de los cuerpos y escalas” a ofertar.

DESAFECCION DE LOS JOVENES

En paralelo Solé indicó que hay cierta desafección de los jóvenes que ya no valoran como antes la estabilidad y continuidad que ofrece el trabajo público y sí “valoran la innovación, creatividad, rapidez” o los cambios de puesto de trabajo.

Para atraer su interés abogan por acercar la profesión con iniciativas como puede ser llevarla a las universidades y publicitarla a través de los organismos involucrados e, incluso, con campañas de difusión en medios de comunicación.

La asociación entiende que ya no basta con publicar las plazas en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y es necesario “utilizar las redes sociales” o “campañas de televisión”, afirmó a su vez el presidente de la Asociación de Diplomáticos Españoles (ADE), Javier García-Larrache.

A fin de captar la atención de los jóvenes sugieren además que se arbitre algún sistema de prácticas como el existente, por ejemplo, en la Comisión Europea o en algunos ministerios que les permita averiguar su interés por la función y que se explique bien las tareas asociadas a los puestos públicos.

“Hay que hacer esa planificación y es más urgente que nunca porque los oficios de dentro de diez años no son los mismos que hace diez años”, refirió Solé.

El documento sostiene la necesidad de adaptar los temarios, para modernizarlos y ajustarlos a las necesidades específicas que requerirá cada función pero que además mantengan partes comunes que permita al opositor presentarse a diferentes convocatorias de plazas. Incluso proponen que cuando supere un examen se reserve la nota como válida durante un tiempo para que sirva para otra convocatoria.

A la hora de realizar las pruebas abogan por adaptarlas “a las nuevas generaciones de opositores” e introducir “otras habilidades digitales y por competencias, supuestos prácticos, trabajos en grupo, etc”, junto a las pruebas tradicionales de contenidos.

Dar el salto de exámenes basados exclusivamente en la memorización a incorporar también pruebas de aptitudes que ya utilizan otros países de la Unión Europea o Reino Unido para testar la capacidad para un puesto, y medir también las destrezas o competencias, figura entre sus sugerencias.

Uno de los puntos que estiman claves es profesionalizar los tribunales. Según García-Larrache habrá que “enriquecerlos” con gente especializada y capacitada para valorar nuevas cuestiones como el liderazgo.

Fedeca propone crear una especie de 'pool' o unas bolsas de especialistas clasificados por grupos de titulación y por área de actividad administrativa que voluntariamente quieran participar. Su idea es que sean profesionales “con una retribución adecuada a la responsabilidad” que asumirán.

Así, a su juicio, se logra tener siempre disponibles a los perfiles adecuados, diversos y especializados, sin dejar la configuración de los tribunales casi al albur de las posibilidades.

Dentro de la máxima de buscar al mejor profesional el documento aboga por solucionar la barrera económica que supone opositar para algunos ciudadanos. “El sistema actual tiene un sesgo socio-económico importante. Requiere una carrera universitaria que no todo el mundo se la puede pagar” y unos años para lograr entrar, que “además le cuesta dinero a alguien”, indica Solé. Para suprimir esta barrera el documento indica que la generalización de un sistema de ayudas públicas o becas sería “una herramienta de captación de talento y de justicia social en el acceso por igual a empleo y cargos públicos”.