En la exposición de motivos se expone que “un sistema de cheque escolar bien concebido es aquel que asegure la libertad de educación mediante la libre elección de centro docente sin que la escasez de medios económicos de los padres sea impedimento para que dicha elección responda a sus convicciones morales y sin que tampoco sea impedimento para que sus hijos sean educados conforme al criterio de igualdad de oportunidades, sin distinción de clase social y según un verdadero principio de solidaridad y no según una versión falseada de éste, en la que se advierte la voluntad del poder político de control indebido de la educación”.

Asimismo, se plantea que “el importe de la asignación sea inversamente proporcional al nivel de renta de los padres, al tiempo que directamente proporcional al número de hijos” y que “tenga en cuenta necesidades particulares de los menores: dificultades de aprendizaje, discapacidades o altas capacidades".

Asimismo, según se recoge en la PNL, “el sistema de cheque escolar que Vox postula no supone que los poderes públicos deban renunciar a controlar que todos los centros docentes cumplan unos estándares mínimos de enseñanza, para que la igualdad sea real y efectiva, como postula el artículo 9 de nuestra Constitución”.

En la citada PNL, Vox también propone “hacer valer en todos los órganos interterritoriales en que la Comunidad de Madrid esté presente los beneficios que para la libertad y la igualdad tiene un sistema de cheque escolar de las características expuestas, de suerte que otras comunidades autónomas, con arreglo a sus competencias, adopten medidas para su introducción en las leyes y en su acción de gobierno, y/o adopten medidas que tengan efectos equivalentes”.

En la PNL también se pide solicitar al Gobierno central que, con arreglo a sus competencias, "adopte medidas para la introducción de un sistema de cheque escolar de las características expuestas, en igualdad de condiciones en todo el territorio nacional, en las leyes y en su acción de gobierno, y/o adopte medidas que tengan efectos equivalentes”.

En la citada iniciativa se expone que el acuerdo suscrito por Vox con el PP para la investidura de Isabel Díaz Ayuso como presidenta del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid “enuncia, entre otros principios y objetivos, los relativos a la libertad de educación y de pensamiento”.