Así lo expresó a través de un comunicado emitido con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad y en el que también valoró que tras casi 25 años sin “prácticamente ningún avance” en materia ortoprotésica, el pasado mes de julio el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social puso en marcha la Orden SBC/45/2019, que actualiza la Cartera de Servicios del Sistema Nacional de Salud.

Una normativa a la que, puntualizó, todos los gobiernos autonómicos “deben ajustarse” actualizando sus catálogos de prestaciones, para lo que disponen de plazo hasta el 31 de diciembre de 2019.

Sin embargo, muchas de estas administraciones se encuentran redactando todavía los borradores, según precisó Fedop, organización para la que, además, estos “no incluyen las necesidades reales de los pacientes ni del sector”.

A su entender, resulta “fundamental” que los gobiernos regionales aprovechen la reforma de los listados de productos para otorgar una “mejor y mayor” cobertura para los pacientes, así como “más flexibilidad” en los límites de financiación de la sanidad pública para garantizar una “plena inclusión”.

En este sentido, subrayó que en la actualidad un paciente puede acceder a una prótesis u ortesis “muy básica” que no le permite mantener una vida laboral activa y que hay personas jóvenes que, tras sufrir una amputación, deben abandonar su carrera profesional.

Así, consideró que la “inclusión total” de las personas con discapacidad pasa por garantizar prótesis que permitan a los trabajadores mantener una vida laboral “digna” y defendió la importancia de los catálogos de prestaciones ortoprotésicas, que financia la Seguridad Social para las personas con discapacidad.