Este Convenio prevé que cada año, antes del 31 de octubre, el Gobierno de Canarias, competente en materia de carreteras, debe justificar ante una Comisión Bilateral de Seguimiento la inversión ejecutada durante el ejercicio en concepto de obras y expropiaciones, para poder así percibir las cantidades consignadas a cada anualidad.

Al no haberse producido la anterior justificación, no se han podido librar los importes previstos para 2018 y 2019, de 60 millones de euros cada una de estas dos anualidades. Se hace necesario, en consecuencia, reajustar las anualidades a una planificación más realista de la ejecución de inversiones en el tiempo, de modo que el importe total del convenio permanezca inalterado en 1.200 millones de euros.

Mediante la Adenda que hoy se autoriza, se trasladan los 120 millones de euros no consumidos en 2018 y 2019 a las anualidades de 2020 (que pasa de 90 a 100 millones), 2021 (de 130 a 200 millones de euros) y 2022 (de 170 a 210 millones de euros), quedando inalteradas las cantidades del resto de anualidades.

En cualquier caso, el gobierno recuerda que para hacerse efectivas estas cantidades, deberán seguir cumpliéndose las condiciones anteriormente señaladas de justificación de las inversiones, así como el resto de condiciones incluidas en el Convenio y su Adenda.