En concreto, el TSJC exige a la compañía que elimine de su web todos los anuncios que no cumplan con la normativa y adjunte el correspondiente número de registro turístico, que las identifica como legales, y que elimine también las ofertas acompañadas de número de registro inexistente o erróneo.

Esta política se aplicaba ya en Barcelona ciudad, pero la decisión del tribunal extiende la obligación para todos los alojamientos turísticos de Cataluña. Tras cinco años de litigio, la sentencia es contundente y explicita que la plataforma está obligada a cumplir la normativa autonómica. Airbnb era la única que no se había plegado a la aplicación de estas normas.